Cataluña y el Gobierno central: hitos de una relación históricamente complicada

Tras la «dolorosa» votación de este martes , Artur Mas ya ha dicho que seguirá adelante con la consulta y que el fiasco « solo representa un punto y aparte y no un punto y final ». El presidente de la Generalitat ha dejado claro que «a partir de aquí las instituciones catalanas buscarán marcos legales para seguir adelante con la consulta el próximo 9 de noviembre».

Las tensiones entre Cataluña y el Gobierno central parace que van a continuar. Una tensión que, a lo largo de los últimos siglos, ha tenido a la independencia como telón de fondo y ha continuado hasta nuestros días a pesar de que Cataluña es ahora una de las regiones con mayor nivel de autogobierno de Europa.

Estás son las fechas clave que han marcado (a sangre y fuego a veces) el ADN de la convivencia entre la comunidad catalana y el resto de España:

Dos años después de la caída de Barcelona en manos de las tropas borbónicas, los Decretos de Nueva Planta , del 16 de enero de 1716, abolieron la gran mayoría de las instituciones catalanas. Con la aprobación del Consejo de Castilla, se suprimieron las Cortes y el Consejo de Ciento, el idioma oficial de la administración dejó de ser el catalán y se impuso castellano (aplicándose obligatoriamente en escuelas y juzgados) y se establecieron nuevos impuestos sobre las propiedades, beneficios del trabajo, la industria o el comercio. A esto, según otros autores, hay que sumar una represión sistemática que abocó al exilio a más de 25.000 catalanes.

El historiador Ignacio Sotelo , catedrático emérito de la Universidad Libre de Berlín, cree que esta fecha ha quedado en la memoria histórica como «el hito que marca el final de una época en la que Cataluña, con más o menos dificultades, supo conservar sus instituciones».

El 5 de Marzo de 1873 fue proclamado por sorpresa el Estado catalán. Un pequeño éxito de catalanismo que duró sólo dos días y fue aplastado por la fuerza. Periódicos como « La Correspondencia de España » informaban de que «16.000 voluntarios han declarado independiente el Estado catalán y preso a las autoridades».

La «Revista Política» iba más allá y hablaba de las dificultades de organización del nuevo estado , asegurando que aún faltaba que «se formen del mismo modo estados semi-independientes o independientes, por donde quiera. Luego surgirán las rivalidades entre ciudad y ciudad por la capitalidad de cada Estado, entre provincia y provincia por ser independientes unas de otras, y no formar un estado mismo; y hasta entre villa y villa y aldea y aldea».

Pero no se trataba de una proclamación de independencia realmente, sino federalista republicana promovida por la burguesía que utilizó el independentismo como modo de presión. Antes de que el 7 de septiembre la sublevación fuera aplastada, se habló de formar un gobierno provisional que convocaría elecciones a las Cortes catalanas y la disolución del ejército español en la región.

Se trata probablemente de la primera manifestación verdaderamente independentista de Cataluña. Fue convocada por Lluís Marsans i Sola junto con varias asociaciones como «Catalunya i Avant». La marcha acabó ante el monumento de Rafael Casanova , uno de los considerados mártires de aquella caída de Barcelona de 1714 que, en contra de lo que algunos creen, murió 30 años después en su cama.

Tras colocar una corona de flores sobre el monumento de Casanova, igual que se hace en la actualidad, se produjeron enfrentamientos con la policía en la que resultaron detenidas más de 30 personas. Esto provocó que se fundaran nuevas sociedades de apoyo a los presos y se convocaran manifestaciones de protesta que llegaron a concentrar a más de 12.000 personas. Fue el mismo año en el que entraron en las Cortes españolas los primeros diputados catalanistas, a los que se vio entonces como una amenaza que podría convertir a Cataluña en la nueva Cuba, por sus deseos de abandonar una patria maltrecha como aquella tras el desastre del 98.

Las diferencias en torno al termino «nación» y Cataluña estaban a la orden del día desde años antes. Enric Prat de la Riba impulsó, desde que asumió su cargo en la presidencia de la Diputación Provincial de Barcelona en 1907, el proyecto de integrar por primera vez a las cuatro diputaciones en un instrumento de autogobierno. En 1913, el político conservador Eduardo Dato autorizó la unión de estas, pero con fines puramente administrativos. Y el 6 de abril de 1914, se constituyó finalmente la Mancomunidad bajo la presidencia de Prat de la Riba.

Constaba de una Asamblea General con 96 diputados y un Consejo permanente, que incluía nada menos que las consejerías de Caminos y Puertos, Cultura e Instrucción, Agricultura y Servicios Forestales, Beneficencia y Sanidad, Obras Hidráulicas y Ferrocarriles, Teléfonos, Política Social y Hacienda. Es cierto que carecía de capacidad legislativa y recursos propios, pero desarrolló una importante labor de cohesión en torno al catalanismo.

Fue aprobado por la Mancomunidad el 24 de febrero de 1919 y votado a favor por más del 98% de los ciudadanos (2.076.251 de los 2.099.218 consultados). Pero el conflicto de intereses entre el Gobierno catalán y el español pusieron freno a este primer proyecto de Estatuto, que fue descartado finalmente por Miguel Primo de Rivera tras el golpe de Estado de 1923.

Fue otro de los momentos de tensión entre Cataluña y España, debido al apoyo no sólo de los partidos catalanes, sino de radicales como Alejandro Lerroux o socialistas como Largo caballero , además de varias entidades cívicas y corporaciones tales como el Centro Regionalista Andaluz, el F.C. Barcelona o el Bloque Regionalista Castellano.

En las Cortes Constituyentes de 1931, durante la Segunda República, sumergió con fuerza el debate . El nuevo estatuto, que otorgaba a Cataluña un amplio autogobierno, fue todo un éxito para los catalanistas, aprobado en referéndum por más del 99% de los votantes, primero, y por las Cortes españolas, después, con 314 a favor y 24 en contra.

Pero los enfrentamientos no tardaron en llegar. Para los catalanistas, aquel primer Estatuto rebajaba las pretensiones originales del proyecto, que en vez de declarar que «Cataluña era un Estado autónomo dentro de la República española», establecía que «Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado español». Aún así, creían que era un paso importante para la «emancipación de la patria catalana». Entre los partidarios del Estado unitario, en cambio, provocó una profunda alarma, pues creían que España se desintegraba.

ABC aseguraba que Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, había traicionado sus propios principios otorgándole a Cataluña tantos poderes. Con la llegada Franco, como era de esperar, el estatuto fue suprimido de inmediato.

Bajo los últimos años del Franquismo, los autonomismos renacieron con fuerza. Tanto que, durante la Diada de 1977, un millón de personas se manifestaron en Barcelona pidiendo el retorno de las instituciones de autogobierno. Era la segunda fiesta nacional catalana que se pudo celebrar tras la muerte del dictador. «Más de un millón de gargantas y una sola voz: ¡autonomía!», rezaba la portada de «La Vanguardia» . « Anatomía: Diada millonaria », titulaba ABC.

Tuvo un eco extraordinario entre la prensa nacional y extranjera, que ABC contaba así: «Por primera vez en la historia de los últimos cuarenta años, las emisoras barcelonesas no transmitieron en la tarde del domingo ningún espacio deportivo. La Diada nacional de Cataluña había conseguido movilizar al pueblo catalán de forma insospechada, demostrando claramente su voluntad de recuperar la autonomía».

El estatuto catalán de 1979 fue la siguiente fecha clave, aprobado en referéndum por un 88% de los votos , aunque con una abstención por encima del 40%. «Tanto el referéndum del Estatuto de 1932 como el de 1979 tienen en común que el pueblo catalán demuestra que desea autogobernarse», dijo Josep Tarradellas , primer presidente de la Generalitat, después de ver aprobado el texto con Adolfo Suárez como presidente del Gobierno.

En 2003, un nuevo estatuto volvió despertar la tensión entre Cataluña y España, sobre todo después de que Zapatero, por entonces candidato a la presidencia, prometiera su apoyo al nuevo texto si ganaba las elecciones . El primer artículo, que proclamaba que «Cataluña es una nación», fue aprobado en 2005 con el aval de todos los partidos catalanes a excepción del Partido Popular, que quería definir a la comunidad autónoma como «nacionalidad» y no como «nación».

Con algunas diferencias sustanciales, sobre todo en lo referente a la financiación, el texto fue aprobado con el 73,24% de los votos en un referéndum que contó con una participación de tan sólo el 48,85%.

Finalmente, en el Congreso, en 2006, se sacó adelante con 189 diputados a favor y 154 en contra. Muy lejos de aquella proporción de 314-24 de 1932. Aunque la llama, a juzgar por los últimos episodios , parece que sigue muy viva.