Wert asegura que el «tupper» no es competencia del Gobierno

El ministro ha defendido que se trata de un tema «anecdótico» en el sentido de que es una «cuestión circunstancial» en lo que se refiere a los contenidos educativos. «Esto no tiene nada que ver con las decisiones del Gobierno», ha insistido, para añadir que los argumentos esgrimidos por la diputada socialista en el Pleno son una «evidente exageración» .

Asimismo, ha reprochado a Ros que lleve este asunto al Pleno del Congreso de los Diputados, lo que demuestra, a su entender, que «desconoce cuál es el marco en que esta cuestión se desenvuelve y de la que el parlamento es completamente ajeno».

Por su parte, la diputada socialista ha acusado al ministro de que las fiambreras en los comedores es «consecuencia» de los recortes a los que «ha obligado a las comunidades autónomas», que se traducen en la eliminación de becas de comedor, pese a que para «muchos» alumnos éstas suponen la «unica comida sana y equilibrada del día». «Los niños lo primero que detectan es la desigualdad» , ha alertado.

Asimismo, le ha acusado de «desmantelar la escuela pública» con las medidas aprobadas el pasado 20 de abril y le ha pedido que «no se quede sentado en el sillón de su despacho, mire a la cara a las familias, mire su nevera y luego diga qué colocará en la fiambrera de ese niño». «Sus palabras nos apenan y avergüenzan», ha aseverado, para concluir, entre los aplausos de su grupo, «menos fiambreras y más becas de comedor».

Wert ha tenido que responder a otra pregunta del diputado del PSOE Albert Soler sobre la financiación pública a los colegios «elitistas» que «segregan» a los alumnos por cuestión de sexo mientras «recorta» recursos a la enseñanza pública. El ministro ha indicado que no acepta el concepto de «discriminación» y que el Gobierno «no se plantea» financiar a los centros que «discriminan» porque «no pueden formar parte del sistema educativo».

No obstante, ha señalado que la educación diferenciada a la que se refiere el PSOE no responde a centros «elitistas», pues, según ha afirmado, varios están situados en zonas periféricas de las ciudades, como Vallecas o Alcorcón en la Comunidad de Madrid, no en zonas de alto nivel adquisitivo. Según ha dicho, su defensa de la financiación pública de la educación diferenciada se basa en planteamientos «muy sencillos».

Con ello, se ha referido a la Convención de la Unesco de 1960, ratificada por España, que señala que « no hay discriminación en educación siempre que no suponga una desventaja para uno de los dos sexos». Asimismo, ha defendido el cambio en la legislación española, como ya se plantea en la americana, inglesa o francesa.

Por último, ha recordado a los socialistas que la educación diferenciada en España representa únicamente al «uno por ciento» de la oferta del sistema educativo español y ha defendido que se trata de «una opción más» de libertad de enseñanza. El diputado Albert Soler ha cuestionado al ministro «cómo puede financiar escuelas de élite cuando recorta 5.000 millones de euros a la escuela pública » y le ha pedido que «explique a la cara» a los padres y madres de alumnos de la pública que «sólo van a poder acceder a ella unos privilegiados, amigos suyos». «Son sus recortes los que van a impedir a la pública sea el motor de la igualdad en este país», ha aseverado.

«Esto se llama discriminación» , ha aseverado el diputado socialista, que ha recordado al titular de educación los dos fallos emitidos este verano por el Tribunal Supremo, que niegan los conciertos a los colegios de educación que separa a los alumnos por sexo. Asimismo, le ha reprochado que utilice para defender este modelo educativo «un débil argumento» de los años sesenta del siglo pasado.

Soler ha lamentado también el Gobierno apueste por la educación «segregada» mientras «recorta becas, profesores y sube las tasas universitarias». Asimismo, ha lamentado la gestión de la consejera de Educación de Cataluña, Irene Rigau, y ha alertado que en esta comunidad hay « 20.000 alumnos más, 2.000 profesores menos , 20 colegios de élite concertados y se cobra a las familias dos euros por llevar fiambrera».