Deuda a la griega y 136.000 empleos menos si Cataluña fuera independiente

Y todo esto, sin ponerse en el peor de los escenarios posibles. Con una caída del PIB de entre el 20 y el 25 por ciento, estimaciones que diversos expertos consultados coinciden en apuntar como nada exageradas, ABC ha calculado varios escenarios posibles -de menos a más desfavorables- y toma como referencia su promedio.

Con una caída del PIB de entre el 20 y el 25 por ciento, la Cataluña independiente pasaría a generar una riqueza anual de 160.000 millones de euros, 50.000 menos que en la actualidad. La renta per cápita se desplomaría muy por debajo de la actual media de la Unión Europea, y todavía más por debajo de la media de la zona euro.

La caída del PIB vendría motivada por varios factores: pérdida de competitividad empresarial, porque sus productos y servicios se encarecerían al tener que pagar aranceles para cruzar sus fronteras al no pertenecer a la UE, que junto con el mercado español representa no menos del 80 por ciento de las ventas del tejido productivo catalán; habría un «efecto rechazo» en España frente a productos y marcas catalanes; habría una fuga de empresas para no verse perjudicadas, con la consiguiente pérdida de tejido productivo y de empleo... Solo por el sobrecoste de aranceles y trámites administrativos, algunos especialistas calculan que el precio de los productos exportados por Cataluña a España y al resto de Europa podría encarecerse en torno a un 15 por ciento.

Al empobrecimiento habría que imputarle también el coste de salirse del euro y tener que crear una nueva moneda cuya depreciación sería drástica. Eso supone, de forma adicional, un empobrecimiento rotundo de la economía general y del bolsillo de los ciudadanos. Y Cataluña tendría que seguir pagando sus deudas en euros.

La caída del PIB provoca un recorte paralelo de la recaudación por impuestos y cotizaciones. Entre lo que la Generalitat calcula que ingresa por impuestos que tiene cedidos y lo que sus estudios dicen que recauda el Estado en Cataluña, la capacidad actual de recaudación ronda los 77.000 millones de euros. Una cuarta parte menos supondría perder 17.300 millones de euros al año. La «caja» de una Cataluña independiente pasaría a tener una recaudación de menos de 60.000 millones de euros.

Entre lo que la Generalitat gasta ya para sostener su sector público autonómico y lo que el propio Gobierno catalán dice que costea el Estado en infraestructuras y servicios que presta en Cataluña -infravalorado según diversos expertos-, si fuera un país independiente tendría que soportar un gasto público de unos 77.000 millones de euros. Pero debería asumir gastos nuevos, que el estudio de balanzas fiscales de la Generalitat obvió. Entre ellos, uno tan grueso como el de crear su ejército, dotarlo de armamento, formar sus servicios de inteligencia...

La media de gasto en Defensa del conjunto de los países de la OTAN ronda el 3 por ciento del PIB; en Francia viene a estar en el entorno del 2 por ciento; justo antes de la crisis, el Reino Unido dedicó el 2,4 por ciento, por citar unos ejemplos. Y se trata de países con una estructura defensiva ya creada. Cataluña tendría que hacer frente a un gasto anual no inferior a los 4.000 millones de euros. Y todo esto sin formar parte de la OTAN. Al menos durante mucho tiempo, una Cataluña independiente también tendría muy difícil su ingreso en la Alianza Atlántica.

Además, debería crear también su red de embajadas y consulados, componer su cuerpo diplomático y sus servicios de política exterior -nada que ver con su actual red de delegaciones en el extranjero, por costosa que ya esté siendo-. A tenor de lo que España dedica a este apartado, el sobrecoste para Cataluña rondaría los 400 millones de euros al año. Y no podría prescindir de ello: la política exterior sería crucial para un país recién creado que necesita tejer relaciones y no verse relegado en el concierto internacional.

En su conjunto, los gastos a los que tendría que hacer frente un hipotético «Estado catalán» rondarían los 82.000 millones de euros.

De forma estructural, los números rojos de la Cataluña independiente rondarían los 20.000 millones de euros al año. Y para enjugarlos debería recurrir al endeudamiento, a pedir dinero prestado en los mercados financieros internacionales. ¿Tendría abierto el «grifo»? Lo más probable es que lo tuviera complicado, y a precios altos, lo que supone otro sobrecoste.

Para que el déficit no se disparara por encima del 5 por ciento, Cataluña tendría que colocar deuda pública por más de 10.000 millones de euros al año durante largo tiempo. Déficit y deuda pública constituirían un crítica espiral de muy largo recorrido.

En el horizonte de los diez primeros años desde la independencia, Cataluña, por tanto, viviría una escalada de deuda pública acelerada. Y hay que tener en cuenta que habría echado a andar, en el minuto cero, con una tremenda mochila de endeudamiento. De entrada, los 43.954 millones de euros que ya debe su sector público autonómico en estos momentos. Pero, además, habría que imputarle la porción que le toque de la deuda de España, la del sector público del Estado del que se separa.

Se calcule en proporción al PIB actual de Cataluña o a su número de habitantes, el promedio le saldría por tener que acarrear con 100.000 millones de deuda. ¿Podría negarse? Sí, pero empezarían con muy mal pie de cara a los mercados financieros internacionales. Su credibilidad como pagadores responsables caería por los suelos, y con esa tarjeta de presentación es difícil llamar a la puerta para pedir dinero prestado. Renunciar a asumir esa parte de la deuda sería como pedirle a un banco que se quede con nuestra hipoteca y nosotros quedarnos con el piso. Y, en este caso, el banco no solo sería España, sino el resto de la UE, por una elemental cuestión de asociación económica.

Con una «renta nacional» recortada, un endeudamiento público de 250.000 millones de euros situaría la deuda de Cataluña en más del 150 por ciento de su PIB. Muy por encima de la tasa con la que cerraron el año pasado Portugal o Irlanda, y próxima a la que acumuló Grecia al acabar 2011, que fue del 165 por ciento.

En Cataluña hay actualmente unas 28.500 empresas. De ellas, 5.300 tienen más de 50 trabajadores, 1.100 de las cuales cuentan con plantillas de más de 200 empleados. Entre las 5.300 medianas y grandes empresas catalanas suman casi 550.000 empleados.

En caso de independencia, la fuga de empresas y de capitales sería abultada. El dinero buscaría refugio fuera para evitar su depreciación y la incertidumbre; y un buen número de empresas, que dependen de lo que venden fuera de Cataluña, se marcharían para seguir estando al calor de la economía del euro, no perder competitividad y esquivar riesgos. ¿Cuántas optarían por marcharse? Es una incógnita, pero hay un dato de referencia. En los años en los que en el País Vasco se promocionaba el soberanista «Plan Ibarretxe», el catedrático Mikel Buesa hizo una encuesta al respecto entre las medianas y grandes empresas vascas: la cuarta parte de ellas manifestaron su intención de irse del País Vasco si se escindiera de España.

Trasladando esa tasa de referencia a Cataluña, su independencia podría suponer la pérdida de 1.300 empresas y unos 136.000 puestos de trabajo directamente ligados a ellas.

Todo este escenario es el calculado para los diez primeros años desde una hipotética independencia. Lo que ocurriera a partir de ahí es difícil preverlo. Los expertos consultados por ABC coinciden en que la primera década sería de un empobrecimiento económico brutal. Cuando se tocara fondo, pasarían años para empezar a remontar. ¿Y hasta dónde lograría remontar Cataluña? Es otra incógnita. Es un horizonte de décadas, de toda una generación.