Joaquín Cortés niega su vinculación con los que le acusan de estafarles 600.000 euros

El juicio se ha celebrado a instancias de una querella presentada en 2003 por los inversores contra el bailaor, su hermana y el apoderado de la empresa. A pesar de que la Fiscalía de Madrid no acusa, la causa sigue adelante por la acusación particular. En su declaración, el artista ha negado que adquiriera los derechos de la sociedad mercantil «Gaviota Moreno» como administrador y ha indicado que fue su hermana, siendo el apoderado el acusado Alfonso Durán.

Éste último ha manifestado al tribunal que el proyecto se financiaba con parte del dinero de la explotación de la imagen de Joaquín, ya que las aportaciones de los socios siempre llegaban tarde. «Le repito que no sé nada» , ha insistido Cortes al letrado de la acusación y ha señalado que era su apoderado quien se encargaba de los proyectos. «Yo como artista me dedico a bailar . Con Durán, había una relación laboral para cerrar conciertos. Yo me dedicaba a bailar», ha aseverado.

Sobre su relación con los socios, ha señalado que «como artista», viaja por todo el mundo y posiblemente conoció a esas personas para «hablar sobre crear algo». «No lo sé», ha dicho y ha añadido que a lo largo de su vida ha planteado muchos proyectos, siendo uno de ellos un espacio cultural para aportar todos sus conocimientos como artista. «Desconozco todo esto. Yo me he dedicado a bailar y a llevar mi danza a todo el mundo», ha señalado.

El acusado ha reconocido que habló con ellos para la creación de este proyecto, negando que se creara un vínculo muy estrecho con su familia o que participara con ellos en eventos. "Como artista necesito relacionarme y que me vean en eventos. Con ellos directamente, no. Tenía relación cordial, no familiar evidentemente», ha recalcado. Además, ha asegurado que desconoce dónde fue a parar el dinero supuestamente apropiado . Y ha negado que se hubiera comprometido a devolver el dinero a los socios, con quienes no hablaba. «Con estos señores no hablaba. Desconozco todo este tema», ha reiterado.

Por su parte, la hermana de Cortes ha indicado que nunca ha recibido ningún dinero, mientras que Durán ha dicho que tenía los derechos de explotación de las sociedades de Joaquín Cortes. «Joaquín jamás aparece como administrador», ha aseverado. «Nunca se habló de devolver dinero. Ellos dejaron de aportarlo. Y cuando lo hacía, era con retraso. Se financiaba con dinero de la explotación de la imagen de Cortes», ha dicho.

Sentencia anulada

Ya hubo sentencia en este caso por parte del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, pero la Audiencia Provincial de Madrid anuló el juicio y ordenó repetirlo por defecto de forma, según ha explicado a Europa Press el abogado de Cortés.

En el escrito de acusación de la representación de los inversores acusa a Cortés de un delito continuado de estafa y otro continuado de apropiación indebida en su modalidad de administración desleal. En el juicio, el abogado Mario Norberto Silva, que representa a la acusación particular, ha aportado al tribunal fotografías que demostrarían la relación de amistad entre el bailaor y los socios argentinos. «La relación iba más allá de la relación empresarial», ha indicado el letrado .

Esta parte reclama diez años de prisión para el artista y que devuelva, con el resto de procesados, la cantidad que podría haberse destinado al negocio que se iba a montar en la capital. Su hermana se enfrenta a ocho años de prisión, mientras el apoderado de la empresa a once años de cárcel.

Relato del fiscal

Según el fiscal, los hechos arrancan en octubre de 1998 cuando los representantes de la sociedad «Gitana Producciones» y «Gaviota Morena S.L.», entre los que figuraba Joaquín, firman un documento con la sociedad «G.Export S.A.» para llevar a cabo un proyecto empresarial al que denominan «Proyecto Gitana». Para ello, suscriben el capital por partes iguales y a tal fin «G.Export» se comprometió a entregar cerca de 600.000 euros para contribuir a la financiación de las obras. Según el fiscal, el proyecto inicial fracasó por factores externos y fueron surgiendo discrepancias en torno a las exigencias de realizar nuevas aportaciones dinerarias para culminar el proyecto. Finalmente, «G Export S.S.» reclamó las cantidades entregadas, exigiendo la resolución del contrato, sin que «pueda constatarse que la parte querellada se apropiase o desviase de las cantidades reseñadas, hacia otros fines, que los previstos en el contrato».