La asistencia especializada de los «sin papeles» quedará en manos de las ONG

Con el acceso a la atención primaria de los inmigrantes también se evitará que se colapsen los servicios de urgencia de los hospitales, una complicación no prevista por los redactores del real decreto de la reforma sanitaria.

«Todas las comunidades tienen previsto hacer convenios con organizaciones que atienden a inmigrantes de manera irregular para atenderles en atención primaria», dijo. También aseguró que los sin papeles con sida, enfermos de cáncer o cualquier patología crónica tendrán la asistencia sanitaria «cubierta».

Lo que no aclaró Mato es cómo recibirán estos pacientes tratamientos de uso hospitalario para estas dolencias, como la quimioterapia del cáncer. En un encuentro informativo, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, y secretario de Sanidad y Asuntos Sociales del PP, puntualizó que se estudiará «caso por caso», pero serán las ONG y los servicios de asuntos sociales de cada comunidad las que se hagan cargo de estos tratamientos, «estableciendo convenios con los hospitales si fuera necesario».

El decreto de reforma de la sanidad establece que será requisito imprescindible para obtener la tarjeta sanitaria no solo estar empadronado, como hasta ahora, sino tener la residencia legal y cotizar en España.

La reforma sanitaria afecta a los «sin papeles» y también a extranjeros con recursos que utilizan los servicios sanitarios españoles sin tener derecho a ello. Se estima que hay unos 700.000 extranjeros, comunitarios y no comunitarios, con tarjeta sanitaria que no deberían tenerla. El gasto anual que genera ese «turismo sanitario» es de mil millones de euros.

El Gobierno s igue el criterio de reciprocidad presente en las relaciones entre países. Es decir, ofrecer a la población extranjera los mismos cuidados que recibiría un ciudadano español en otro país. Fuentes del Partido Popular, recordaban el caso de un cooperante español que cayó enfermo en Ecuador y su familia tuvo que depositar en un hospital ecuatoriano una provisión de 5.000 euros para que pudiera ser atendido.

Un informe del Tribunal de Cuentas revelaba otras situaciones paradójicas como que Marruecos factura más por la atención de ciudadanos españoles en su país que España por la atención de ciudadanos marroquíes. O que Brasil nunca pagara ni una sola de las facturas que España pasaba por la atención sanitaria de sus ciudadanos.

Cataluña, el País Vasco y Andalucía ya han anunciado que, pese al real decreto, en su territorio se garantizará la asistencia a los inmigrantes «sin papeles»y se han declarado insumisas con algunas de las medidas previstas en la reforma, como el copago de fármacos y otras prestaciones. Tanto el País Vasco como Andalucía han amenazado con recurrir la reforma ante el Tribunal Constitucional. José Ignacio Echániz pidió a Cataluña, Andalucía y País Vasco que «arrimen el hombro» en vez de hacer «la guerra por su cuenta».

Echániz cree que aún se está a tiempo de conseguir un pacto por la sanidad pese a la rebelión de estas tres comunidades y las críticas del principal partido de la oposición. «Los anuncios de recursos ante el TC son anuncios. Habrá que ver si luego se presentan o no se presentan», ha señalado, tras recordar que en estos meses todas las CC.AA. han podido hacer llegar al Ministerio de Sanidad sus propuestas para mejorar la sanidad.