Gerentes de servicios sociales avisan que el ajuste en Dependencia impedirá atender nuevos casos

En una nota de prensa difundida este sábado, al día siguiente de la presentación por el Gobierno del proyecto de Presupuestos , advierte además de otros dos efectos de este recorte: «el incremento directo del déficit autonómico en 283 millones de euros» y el acentuamiento de «las dificultades para que las comunidades autónomas atiendan a las 300 personas con derecho reconocido y a las que se mantiene en una irritante espera», que, «más que "limbo" es directamente engaño», añade la asociación.

Los directores y gerentes de servicios sociales explican que, según la información facilitada este viernes tras el Consejo de Ministros , «se suprimirá el 100% de la partida dedicada a la financiación del nivel acordado establecido en el art. 10 de la Ley 39/2006», 283 millones que se distribuían entre las comunidades «con criterios consensuados de reparto y que tenían por objeto fundamental financiar infraestructuras, servicios y sistemas para la atención a las personas dependientes en el ámbito autonómico».

Aunque recuerdan que fuentes ministeriales han matizado que esta aportación se incorpora al Nivel Mínimo garantizado de financiación , «dicha declaración es un malabarismo contable, ya que el nivel mínimo se compone con créditos ampliables en función de los dependientes reconocidos en cada territorio, por lo que el resultado final ineludible es la reducción neta de 283 millones para la atención a la dependencia (equivalente al 15% de la aportación estatal a esta política de gasto si descontamos las aportaciones a la Seguridad Social)», explican.

«Siempre hemos calificado como deficiente el sistema de financiación de la atención a la dependencia, pero este drástico recorte -sin otras medidas acompañantes- supone una gravísima contradicción con la idea de recortar el gasto gasto público denominado "improductivo" », añaden desde la asociación.

Por último, consideran «muy mal negocio» recortar incrementando directamente el déficit autonómico, poniendo en peligro la atención a 35.000 personas , imposibilitando la creación de 8.000 puestos de trabajo y reduciendo la cuenta de ingresos del Estado».