Rajoy tiene listo un ambicioso plan de privatizaciones para captar liquidez

Según ha podido saber ABC en fuentes solventes, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha decidido posponer la ejecución de dicho plan, que estaba previsto lanzar nada más ganar las elecciones generales junto a las reformas ya puestas en marcha. El motivo hay que buscarlo en las tensiones que han seguido sufriendo los mercados y en una prima de riesgo todavía elevada. «Nadie sensato vende los activos en momentos en los que menos se paga», asegura una fuente conocedora del programa privatizador, cuyos ingresos irán directos a reducir deuda, no déficit .

Así, la hoja de ruta de las nuevas privatizaciones se dará a conocer cuando se calmen los mercados, entonces el diferencial de deuda será más bajo (ayer cerró en 317 puntos básicos) y los tipos más reducidos, lo que facilitará las compras y aumentará los retornos . «Tiene sentido esperar y cuando baje la prima de riesgo y los tipos se reduzcan las empresas valdrán más. Lo contrario es regalar», afirma esta fuente.

Este plan de privatizaciones afectará a las empresas públicas del Estado que quedan sin vender (ver cuadro adjunto), pero especialmente a las de comunidades autónomas y ayuntamientos, donde se concentrará el grueso de las ventas. La valoración del total de las compañías públicas del Estado no cotizadas que manejan los técnicos de Economía se sitúa en 29.100 millones, que en su mayor parte correspondería al valor de Loterías del Estado, dado que el resto de entidades, como es el caso de Hunosa o Navantia, incluso Aena, están cargadas de abultados créditos y deuda que apenas permitiría sacarle rendimiento a una posible venta. Mientras, la valoración de las cotizadas, a precios de mercado, ascendería a 2.400 millones de euros.

Pero el Ministerio de Economía ha puesto el foco sobre las sociedades que aún están en manos de autonomías y ayuntamientos y posicionadas por diversos y variados sectores. El de aguas es uno de ellos —en Madrid el Canal de Isabel II—, pero hay otros como el transporte, el de empresas que organizan ferias, las de limpieza, industriales, de gestión de ocio, de campos de golf o de estaciones de esquí.

Fuentes consultadas explican a este periódico que existe una maraña de organismos, empresas públicas y entes que se acercan a los 5.000 entre las que tienen el Estado, las autonomías y las corporaciones locales. De ellas, aproximadamente el 90% arrojan pérdidas y menos de la mitad son privatizables.

Afirman estas mismas fuentes que, en este contexto, habría que combinar una política de cierres junto a otra de privatizaciones, pero teniendo en cuenta que en el primer supuesto empresas, entidades y organismos llevarían aparejados despidos, lo que incidiría de forma directa sobre el déficit . Esto supone un coste en el corto plazo y de una sola vez, en tanto los ahorros son permanentes porque esas entidades generadoras de déficit desaparecerían.

El Ejecutivo además, tal y como reconoció el martes la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, cuenta con la posibilidad de vender gran parte del parque inmobiliario en manos del Estado.

Estas fuentes consultadas explican que en el sector del transporte la inmensa mayoría de los servicios municipales de autobuses están concesionados y no así las líneas urbanas en las grandes ciudades, por ejemplo, Madrid. También están en manos públicas los metros en las ciudades que los tienen y podrían ser privatizados o concesionados.

En el caso de las televisiones públicas, el problema es más de coste, ya que salvo raras excepciones, y con un redimensionamiento profundo, no existe mercado para venderlas. La TDT ha reducido de manera drástica la rentabilidad de los canales tradicionales. Según UTECA (Unión de Televisiones Asociadas), las cadenas públicas de televisión tuvieron unas pérdidas de 536 millones de euros en 2010, lo que supone un coste para cada hogar español de 152 euros. De estos 152 euros, 68 euros proceden de TVE mientras que los restantes 84 euros proceden de las cadenas autonómicas. Si se descuentan las subvenciones recibidas, que fueron de 1.918 millones de euros, hubiesen cerraron el ejercicio con unas pérdidas de 2.454 millones de euros. Por tanto, en este caso, habrá disparidad a la hora de decidir cuáles son o no rentables para proceder a su privatización.

A destacar, que en el último inventario sobre entes de las comunidades autónomas publicado, que fue publicado el pasado mes de julio, el capital social por la participación de las comunidades autónomas se estimó en ocho billones de euros.

En todo caso, la decisión final deberá ser consensuada con los propietarios de estas empresas, las comunidades o los ayuntamientos correspondientes. Eso sí, tendrán poco margen para negarse dadas las dificultades de liquidez por las que atraviesan y su color político.