REGULADOR ÚNICO: MÁS EFICAZ Y BARATO
LA puesta en marcha de un regulador único frente a la dispersión actual es un proyecto muy acertado por razones de austeridad y de independencia de los organismos supervisores. El nuevo organismo tendrá competencias sobre las actividades que ahora realizan ocho entidades distintas: energía, telecomunicaciones, ... correos, juego, aeropuertos, ferrocarriles, audiovisual y competencia. Se estima en torno a los cuatro millones de euros el ahorro en diversos conceptos, incluidos los sueldos de directivos. La inflación de altos cargos y las retribuciones millonarias se han convertido en un lastre para el déficit público que el Ejecutivo está decidido a afrontar con medidas concretas. Simplificar el organigrama es también un acierto desde el punto de vista de la organización administrativa. Las llamadas «administraciones independientes» deben serlo de hecho, y no solo de nombre. Concentrar las competencias en un único órgano dificulta que los puestos a cubrir sean objeto de un reparto de cuotas partidista, urdido para devolver favores o colocar a políticos incómodos.
En los organismos reguladores deben estar los mejores por su competencia técnica para evitar que se conviertan en una prolongación de los partidos. Además de racionalizar y depurar su estructura, el objetivo del Gobierno es evitar duplicidades y contradicciones que pongan en peligro la seguridad jurídica, reforzando las garantías de los consumidores. En definitiva, se trata de una medida positiva desde todas las perspectivas, porque «adelgaza» la estructura administrativa y favorece la eficacia. Las administraciones públicas consiguen la confianza de los ciudadanos cuando actúan con criterios de transparencia y de servicio público al margen de intereses particulares o corporativos.
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