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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha definido la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a once años de inhabilitación a Baltasar Garzón como «impecable». Al margen de las numerosas interpretaciones políticas a que ha conducido siempre y está conduciendo la carrera del que fuera el juez más mediático de la Audiencia Nacional, en lo jurídico los encargados de velar por que se cumplan sus preceptos coinciden en que «la intervención de las comunicaciones telefónicas entre los imputados en prisión y sus abogados» solo está autorizada para su uso en casos de terrorismo y con autorización judicial. No era el caso de los «pinchazos» de la Gürtel y es ésta la razón por la que ha caído sobre Garzón Real, de 56 años, el peso de la Justicia en este procedimiento.
Confusión en la prensa internacional
En numerosos artículos con los que ha amanecido este viernes la prensa internacional se prejuzga la situación del juez jienense solamente desde el prisma de su investigación de los crímenes del franquismo. Se cree que enrolarse en esa causa -por la que aún no hay resolución del Tribunal Supremo- ha convertido la otra causa, la de las escuchas telefónicas de la «Gürtel», en una «derivada política», se hace eco el «New York Times».
En el nombre de Garzón, viernes de resaca por su condena
Y «The Guardian» no puede evitar calificar a Garzón como «el juez de los Derechos Humanos», un epíteto que no dudan en repetir los medios iberoamericanos, como en Chile y Argentina, donde el de Jaén era una suerte de «justiciero» universal. Pero el diario británico citado también subraya que el juez adquirió un aura de «estrella del rock» que le granjeó muchos enemigos en casa, en especial entre sus colegas.
Sus métodos chocaron con la «cooperativa»
La «cooperativa» judicial se sentía incómoda con su celebridad es otra de las impresiones derivadas de esta primera sentencia condenatoria que se repite este viernes de resaca del fallo del Supremo, al considerar muchos analistas que el juez siempre bordeó los métodos legales en aras de un fin y eso le provocó más de un disgusto y discusión encontrada con los defensores de la ortodoxia.
Doce jueces apartados del cargo
El Poder Judicial ha señalado también que doce jueces han tenido que ser apercibidos en el ejercicio de su cargo por una sentencia de prevaricación en contra. Garzón sigue los pasos de otros togados muy conocidos como Lluís Pasqual Estevill, Javier Gómez de Liaño, y el controvertido Fernando Ferrín Calamita, el caso más reciente.
Todos ellos fueron condenados por prevaricar en alguna causa: el primero lo fue hasta tres veces, entre otros motivos por defraudar a Hacienda y aceptar sobornos para no encarcelar a imputados; el caso del hoy abogado Gómez de Liaño fue tremendamente notorio, falló en contra de la empresa de medios Sogecable y el Supremo hizo caer sobre él la losa de 15 años de inhabilitación -aunque recibió un indulto por el Gobienro de José María Aznar al año siguiente, pero se le impidió su reincorporación a la judicatura-; y el último de los casos fue motivado por un fallo del juez en Murcia Ferrín Calamita contra la adopción de una menor por la pareja -mujer- de la madre biológica. Se entendió que las convicciones morales y personales del juez habían condicionado su decisión y prevaricó en la resolución. Fue condenado a diez años de inhabilitación.
Gómez de Liaño, Pasqual Estevill y Calamita fueron condenados
La frase de un proceso, de Willy Brandt
La frase del primer juicio contra Baltasar Garzón en el Supremo (celebrado entre los días 17 al 19 de enero de 2012), de las otras dos causas que aún esperan resolución (la segunda ya le ha llevado al banquillo y es la de las fosas; mientras la de los cobros por haber impartido unos cursos en Nueva York durante su excedencia aún debe resolverse), podría ser la pronunciada por el juez juzgado: «Abrir la puerta a una injusticia es dejarla abierta para todas las que le siguen», pafrasesó Garzón citando al político alemán Willy Brandt. Luego asumió todas y cada una de las decisiones adoptadas y aseguró que había protegido el derecho de defensa. Aseguró que la intervención de las comunicaciones era la única vía para evitar que la red corrupta «siguiera delinquiendo desde prisión».
