Griñán tardó nueve meses en pedir el dinero desviado de los ERE falsos

Sin embargo, la Junta de Andalucía no ha reclamado el dinero hasta que el escándalo empezó a salpicar a su actual presidente , José Antonio Griñán, que ocupó la consejería de Hacienda entre los años 2004 y 2008 (las primeras ayudas que se dieron por el mismo procedimiento se retrotraen once años). Sólo a partir de ese momento el Gobierno andaluz ha intentado aparecer como víctima del fraude.

En noviembre, la Consejería comenzó a enviar notificaciones a falsos trabajadores instándoles a devolver las ayudas, según corroboraron a ABC asesores jurídicos de intrusos. Estas comunicaciones forman parte del procedimiento administrativo que el Gobierno andaluz anunció en marzo pasado que iba a poner en marcha de oficio para reponer el quebranto causado a las arcas de la Junta. La vía administrativa es paralela a la investigación penal que lleva a cabo la juez de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.

La Junta cifró el perjuicio económico en sólo 9 millones de euros atendiendo a los 72 intrusos que, según una investigación interna de la Consejería, figuraban en ERE de empresas donde jamás habían trabajado. «Sólo representa el 1,39 por ciento del fondo de 647 millones de euros destinado a esta partida los últimos diez años», proclamó entonces el titular de Empleo tratando de minimizar la magnitud del fraude que golpeaba de lleno a su departamento. Nuevas revelaciones dejaron pronto desfasados sus cálculos más optimistas. Además de ERE amañados, se repartieron a discreción y sin justificar 65 millones en ayudas arbitrarias a empresas y 4 millones más entre ayuntamientos del PSOE en proyectos «fantasma» que luego no se realizaron.

Sin embargo, la Administración autonómica tiene pocas posibilidades de recuperar los fondos públicos por la vía administrativa, toda vez que a los intrusos siempre les queda, como último cartucho, presentar un recurso contencioso-administrativo para eludir el pago y eternizar los plazos.

El Gobierno de José Antonio Griñán se topa con un obstáculo añadido: las primeras pólizas subvencionadas se remontan a 2001 , cuando José Antonio Viera estaba en Empleo, por lo que muchas de ellas ya han prescrito.

Fue en julio de 2001 cuando se implantó el procedimiento que permitió ocultar al control público y de fiscalización 648 millones de euros, la dotación que tuvo durante diez años.

Hasta 2008, Guerrero administraba la partida y pagaba el Instituto de Fomento de Andalucía o la Agencia IDEA, el ente de la administración paralela a la que se encomendó la gestión del fondo para dar ayudas a empresas en crisis. Hasta el momento, muy pocos intrusos han devuelto de forma voluntaria el dinero que han cobrado.