Los jueces de Valladolid derivan 69 casos en tres meses al equipo de Mediación Familiar

La iniciativa, que comenzó a funcionar el pasado 11 de abril en los juzgados vallisoletanos, sólo puede aplicarse a los procedimientos abiertos con motivo de rupturas de uniones matrimoniales y parejas de hecho, con presencia de menores y exclusivamente en el procedimiento principal (guardia y custodia, pensiones alimenticias, régimen de visitas, etc.). «El proceso es sencillo», detalla esta abogada mediadora. El juzgado o la sala de la Audiencia Provincial deriva a las partes a una sesión informativa donde se les explica, en compañía de sus abogados, en qué consiste la mediación y como se puede trabajar su asunto. Para evitar dilaciones en el tiempo se aprovechan los «tiempos muertos» en el proceso judicial, es decir, «los plazos que existen entre que se presenta la demanda, se contesta y se señala para vista». Una vez que las partes acceden, se fija una primera sesión de mediación, a la que ya acuden únicamente con dos mediadores. No obstante, todos los acuerdos se trasladarán a los abogados, que los darán forma jurídica antes de presentarlos ante el juez, que elevará estos acuerdos a sentencia, es decir, «de obligado cumplimiento por ambas partes».

El balance de los tres primeros meses es «positivo», según Rocío Matilla, porque «el objetivo de dar a conocer la mediación se está cumpliendo». Como prueba, apunta que los jueces ya han derivado 69 casos al equipo de Mediación Familiar. De ellos, en 18 ninguno de los dos acudió a sesión informativa; en 30 asistió una de las partes y en 21 fueron los dos. Es decir, «un 70 por ciento de los casos derivados acuden a informarse de la mediación familiar», sostiene la abogada, quien explica además que de los 21 casos que ambos fueron a informarse ya se está trabajando con 13, y de éstos, existe ya una pareja que ha alcanzado un acuerdo y se ha derivado a sus abogados.

El número de sesiones no está predeterminada —«trabajamos con una media de cuatro o cinco porque, por experiencia, hemos comprobado que con ellas se han alcanzado acuerdos»—. Incluso, añade Rocío, «aunque no sean capaces de ponerse de acuerdo en las sesiones, llega el día del juicio y lo hacen en la propia vista porque rebajaron su nivel de confrontación y fueron capaces de hablar». Ésta es una de las principales ventajas de la mediación, que en principio no supone ningún ahorro económico respecto a otros procesos judiciales, «aunque luego puede revertir a las partes en beneficios, porque si alcanzan acuerdos pueden evitar en un futuro abrir más procedimientos judiciales por conflictos».

Los Juzgados de Primera Instancia números 3 y 10 de Valladolid, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Medina de Rioseco y la Sala Primera de la Audiencia Provincial son las cuatro dependencias que participan en esta iniciativa impulsada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), financiada por la Consejería de Familia y bajo la coordinación del Colegio de Abogados de la provincia. Cada una de esas instancias ha derivado una media de entre 16 y 20 casos.

Respecto al equipo de Mediación Familiar que trabaja en el proyecto, está formado por nueve abogados y tres de otras disciplinas: una trabajadora social, una psicóloga y una educadora social. «En un futuro queremos abrir la experiencia a letrados mediadores del Colegio de Abogados de Valladolid que tengan interés, pero pedimos al CGPJ que nos dejase al principio trabajar solos porque exigía una coordinación que ya teníamos y, además, conocíamos al detalle la mediación». Desde 2006 la Comunidad Autónoma cuenta con una ley que regula la mediación y exige a quien la ejerza tener una formación de más de 300 horas, con conocimientos en psicología y normativa relacionada con la familia. La neutralidad e imparcialidad a la hora de tratar con las partes, así como la confidencialidad, deben ser las claves de su trabajo.

La mediación familiar es la segunda que se establece en los juzgados de Valladolid. Antes lo hizo la penal, donde a lo largo del año pasado se resolvieron más de 40 casos antes de llegar a juicio.

Su éxito ha contribuido a que se esté trabajando para extender el proyecto a dos juzgados de lo Civil (los números 5 y 7) «donde trataríamos temas de arrendamientos, propiedad horizontal, comunidades de propietarios, etc.).

Además, detalla Matilla, la experiencia ha despertado el interés de otros juzgados de la Comunidad, entre ellos, los de Palencia, Zamora y Burgos: «La idea del Consejo General del Poder Judicial es extenderlo cada vez a más lugares. Juzgados de Madrid, Pamplona o Cataluña ya trabajan con ello desde hace tiempo».