El Supremo apoya el castellano en las aulas

«MC»Según pudo saber ayer este diario, la sección cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha dictado dos nuevas sentencias que, en base al fallo del Tribunal Constitucional (TC) del pasado julio sobre los recursos al Estatuto de Cataluña, reconocen al castellano como lengua vehicular en el territorio catalán. Y que se suman a otros tres fallos de la misma sala en mismo sentido que fueron dictados el pasado diciembre.

Así lo avanzó Francisco caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana (CCC), la entidad que asesora a los padres demandantes, que en estos dos casos de Barcelona y Badalona. En ambas sentencias, los magistrados fallan que «declaramos el derecho del recurrente a que el castellano se utilice también como lengua vehicular en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña». Y «en consecuencia», añade a renglón seguido, «para ello la Generalidad deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional..., que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza, junto al catalán (...)».

Tanto el anterior gobierno tripartito de la Generalitat cuando salió el fallo del Constitucional, como el actual de CiU al trascender los tres primeras sentencias del Supremo el pasado diciembre han hecho oídos sordos. Entienden, interpretan, que ni el TC ni el TS cuestionan el actual modelo de inmersión lingüística catalán que rige en Cataluña.

Por ello, tal y como avanzó Convivencia Cívica Catalana, más de 500 familias presentarán en breve una reclamación a la consejería de Enseñanza de la Generalitat para que sus hijos reciban las misma clases en castellano que en catalán. Además, las familias que en su día recurrieron al Supremo ya han pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la «ejecución forzosa» de las sentencias del TS.

Asimismo, CCC ha pedido que se procese a la consejera de Educación, Irene Rigau, y al presidente de la Generalitat, Artur Mas, por prevaricación y desacato.