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El Gobierno pagó 11 millones de dólares por la liberación del atunero «Alakrana» en 2009

Un documento interno de Defensa, cuyo contenido ha conocido ABC, confirma el importe del rescate

Día 16/05/2011

El Gobierno de Zapatero pagó 11 millones de dólares por la liberación del atunero «Alakrana», secuestrado el 2 de octubre de 2009 por piratas frente a las costas de Somalia durante 47 días. El pago se hizo lanzando desde una avioneta civil, contratada en Kenia, dos cilindros metálicos con diferentes cantidades de dinero que cayeron al mar y fueron recogidos por los piratas, después de realizar dos pasadas. El dinero se cargó en el puerto de Yibuti, una base francesa cuyas instalaciones España utiliza para ubicar parte del contingente militar que forma parte de la operación «Atalanta» de la UE para la lucha contra la piratería.

Aunque varios ministros del Gobierno han repetido una y otra vez que no se pagó rescate alguno por la liberación del atunero, documentos internos del Ministerio de Defensa que tienen su origen en el Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa, y cuyo contenido ha podido conocer ABC, así lo recogen. Las fuentes consultadas por este periódico sostienen que la documentación no deja lugar a la duda, ya que en ella se especifican los extremos más importantes de la operación de liberación, que incluye la entrega del dinero y un acuerdo para solucionar el «problema» de los dos piratas detenidos y trasladados a España.

En relación al dinero, la entrega de la primera parte de los once millones de dólares se realizó a las cuatro de la madrugada. Posteriormente, y al percatarse de que no era posible introducir todo el dinero en un solo cilindro, hubo que hacer una segunda entrega sobre las once de la mañana. La liberación se produjo prácticamente de forma inmediata, una vez que los piratas se repartieron el botín. Fue el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien se encargó de comunicar ese mismo día el fin del cautiverio de la tripulación, que, a juzgar por el contenido de la documentación, Defensa no pensaba que se fuera a producir hasta 24, e incluso 72, horas después del pago del rescate.

Sobre el acuerdo para la posible liberación de los dos piratas trasladado a España, la documentación de Defensa apunta a un pacto jurídico para que, tras la condena de los piratas, se llegase a un acuerdo con el Gobierno de Somalia para proceder a su entrega. En el momento que se redactaron estos documentos no se tenía aún conocimiento de que en Somalia existiese cárcel o prisión alguna para poder enviar a los piratas.

Esta cantidad de dinero que, según las mismas fuentes, recoge la documentación interna de Defensa es muy superior a la que apunta la sentencia dictada el pasado 23 de abril por la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional. En la resolución se aseguraba que, según un testigo de la negociación, «al menos se redujo desde los diez millones de dólares iniciales a algo menos de la mitad».

Un millón perdido

El Gobierno perdió en la operación de liberación un millón de euros, ya que, según las fuentes consultadas por ABC, los miembros del Centro Nacional de Inteligencia que se desplazaron a la zona para coordinar la liberación fueron engañados por una persona a la que, en un primer momento, se le consideró intermediaria y no lo era. Las fuentes apuntan además a que a la cantidad solicitada inicialmente hubo que añadir más dinero para las familias de los dos piratas detenidos y trasladados a España.

Hasta los documentos cuyo contenido revela hoy ABC no se había podido apuntar a prueba alguna que demostrara que el Gobierno de Rodríguez Zapatero pagó un rescate por la liberación del atunero vasco. El Ejecutivo socialista fue requerido para ello, en concreto el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, libró tres oficios para intentar esclarecer los hechos, cuánto se pagó y quién lo hizo. Uno de ellos iba dirigido al CNI, pero éste indicó, según señala la sentencia, «que al haber sido clasificada la materia por el Consejo de Ministros no era posible legalmente informar sobre lo solicitado». Tampoco pudo el instructor conseguir información alguna de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, a la que también se enviaron sendos requerimientos. En su respuesta, ambos cuerpos afirmaron que «se carece de información que aportar a la investigación de la trama jurídico-financiera vinculada a los secuestradores en aguas internacionales del buque “Alakrana”, así como comisionistas, intermediadores o intervinientes en su liberación».

La única conclusión a la que pudo llegar la Audiencia Nacional es que no fue la empresa armadora, «sino organismos públicos vinculados al Gobierno español, quienes han satisfecho la cantidad que se ha abonado por la liberación de los tripulantes y del propio pesquero». Esto, a juicio de la Sala, ya hace innecesaria la desclasificación de documentos secretos que había solicitado la defensa de los dos piratas condenados

Solo los dos piratas juzgados en España «pagan»

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