ETA renuncia por primera vez a la amnistía para primar sus fines políticos

Pero lo único cierto es que, desde 1989, ETA ha protagonizado hasta tres procesos de negociación con el Ejecutivo de turno, y sus presos no se han visto beneficiados por una excarcelación masiva; antes al contrario, se mantiene la política de dispersión iniciada a finales de la década de los ochenta.

Ahora, mientras mantiene intactas sus tradicionales reivindicaciones políticas —anexión de Navarra a «Euskalherria» para la constitución de un estado independiente, la salida de las Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército del País Vasco, imposición del euskera...—la organización criminal rebaja las exigencias en cuanto a sus presos. Así se desprende del documento «ProDem», considerado como la última «hoja de ruta» de ETA para los próximos años, que incluye una revisión de su estrategia respecto a los reclusos.

En caso de una hipotética negociación con el Gobierno, ETA plantea que, dentro de un «acuerdo de mínimos», se contemple la excarcelación para aquellos reclusos que están en «situaciones extremas». Incluye en este apartado a los que ya han cumplido las tres cuartas partes de su condena; a aquellos que han visto prolongar su estancia en prisión por aplicación de la «doctrina Parot»; a los enfermos graves y, en un ejemplo de discriminación respecto al resto del colectivo, a los relacionados con macrojuicios que, en su mayoría, son miembros de sus tramas civiles como Batasuna, Ekin, Segi, Askatasuna...

En una segunda fase, a partir de la firma del «acuerdo político», el plan de ETA propone la excarcelación de aquellos individuos que llevan más de 20 años entre rejas y que se permita el regereso al País Vasco de los etarras huidos con menos causas pendientes. Expertos antiterroristas consultados por ABC subrayan que ello es una muestra de que la banda tiene cada vez más miedo a las deserciones entre aquellos reclusos que llevan la mitad de su vida en la cárcel y que comprueban que el esfuerzo y la disciplina no han servido para lograr ninguno de los objetivos por los que entraron. A continuación, según su documento interno, la organización criminal plantea la salida de aquellos presos que están privados de libertad desde hace 15 años y la vuelta de los prófugos con más reclamaciones. El resto serían excarcelados a lo largo de los cinco años siguientes , a partir de que el plan se pusiera en práctica.

Sin embargo, ETA advierte en este documento que «sólo negociará la excarcelación de miembros del colectivo de presos políticos» . Esto es, se muestra favorable a que todos aquellos que han sido expulsados o se han autoexcluido del colectivo tras cuestionar la actividad terrorista permanezcan en lo que denomina «cárceles de exterminio». Es más, ni tan siquiera admite que, como consecuencia de otro tipo de gestiones, los disidentes sean excarcelados antes que aquellos que han defendido hasta el final la «lucha armada». Los cabecilla exigen que los presos, una vez libres, no tengan prohibición de residir en su pueblo ni la obligación de llevar pulsera para controlar sus movimientos.

La organización criminal renuncia a una puesta en libertad general, y dentro de un mismo paquete, de todos sus presos, al exponer expresamente en su plan que «la excarcelación será progresiva, no existe el día de amnistía».

Lo preocupante, subrayan expertos en la lucha antiterrorista, es que en el mismo documento, ETA asegura que incluso después de un hipotético «acuerdo político» con el Gobierno «no desaparecería», «no pedirá perdón» y «no dará nunca las armas al enemigo, ni las romperá, las guardará».