«Con la grande polvareda, perdimos a Don Beltrán»

Aquí importa de verdad, no ya la traída y llevada «estabilidad del sistema financiero», varias veces «rescatado» sin transparencia, sino la recuperación del crédito al ciudadano común y a las pymes. Importa atisbar un inicio de recuperación de la economía real y, como «prueba del nueve», una clara desaceleración del paro. Pero aún más importante es, a mi entender, la regeneración del moribundo Estado de Derecho, sustituido por un ya casi consolidado «Estado de Partidos», como lo denominó el mismísimo Tribunal Constitucional en su sentencia 108/1986, de 29 de julio, sobre la designación parlamentaria de todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial, una sentencia que, en superlativa paradoja, contribuyó de modo decisivo a poner en pie lo que denostaba. El paro, la situación económica y la «clase política» son los tres principales problemas de España, según sus ciudadanos. Es inevitable que se hable del paro y de la economía, pero se está logrando que el tercer problema no sea afrontado de verdad, sino solo con debates anecdóticos. Y también se está consiguiendo que apenas sea noticia lo que ocurre en frentes decisivos, como el de la Justicia.

Para distraernos y para que apenas exijamos ahora propuestas serias a las opciones políticas, el «Gobierno de España» (y bastantes gobiernos autonómicos) parecen haber creado en cada ministerio (o consejería) «Subdirecciones Generales de Distracción Ciudadana», con las que, quieran o no, cooperan los partidos, los medios de comunicación y hasta los «blogs» y las «redes». Digo yo lo de estas nuevas dependencias, porque me resisto a creer que todas las distracciones sean el involuntario resultado de una mayúscula ineptitud.

Que el problema de la «clase política» se sustancie con un debate a favor o en contra de que los parlamentarios reciban sueldos mileuristas es una pequeña polvareda que oculta el núcleo de lo importante. No se trata de ajustar remuneraciones a la realidad actual, sino de que esta dure lo menos posible. Se trata de que los parlamentarios se vean pronto empujados a representar de verdad, cada uno, a todos los ciudadanos, más que a sus partidos. Lo que hay que lograr es que la cultura política, los Reglamentos de las Cámaras legislativas y las leyes —la electoral general, la de financiación de los partidos, etcétera— impulsen la realidad en la dirección debida. ¿Cómo hacemos para que, de hecho lo mismo que según la Constitución (artículo 67.2), cada diputado o senador tenga, como representante de todos, libertad de voto, no cuando excepcional y graciosamente se la conceda su partido, sino siempre? Son posibles cambios en ese sentido, pero no puedo extenderme, sino solo separar el grano del polvo y la paja.

El tráfico, como saben bien en Interior, es materia muy apta para alzar polvaredas de distracción. Nada como reformar o amagar reformas, cada dos por tres, sobre todo en cuanto a la velocidad. Y si se propone usar mucho más la bicicleta en Madrid y que los ciclistas tengan máxima preferencia, durante una temporada no se hablará de otra cosa en Madrid (que no es una ciudad precisamente llana).

Asimismo, fomentan mucho la distracción los innumerables «observatorios» (no astronómicos ni sísmicos ni meteorológicos) creados en estos tiempos para que algunos cobren algo por mirar lo que ocurre, que siempre ha sido ocupación de ociosos y escasamente productiva o, como sucede con la «violencia doméstica», incluso perjudicial según las estadísticas, porque esa violencia no deja de crecer, desgraciadamente, cuanto más la observan. No importa, en cambio, o importa para mal, que la sociedad española vaya perdiendo los resortes éticos que inhiben maltratar al cónyuge o al abuelo.

No hace mucho, el «Observatorio para el Seguimiento de la Ley del Tabaco» —un grupo de expertos dependiente del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad— concluía que «es ilegal fumar en tu propia casa mientras esté trabajando en ella una empleada de hogar». Aunque existen en España juristas excelentes, parangonables a los mejores del mundo, los expertos ministeriales exhibían su indigencia jurídica con el atrevimiento de convertir el domicilio, sede máxima de la privacidad, en un lugar público. Y en vez de pensar que el trabajo doméstico ha sido y será siempre muy especial precisamente por ser domiciliario o doméstico, se quedaban tan anchos despojando al domicilio de su naturaleza y mutándolo en «centro de trabajo» según el horario de la asistenta o la «canguro».

En cuanto a la Justicia, se levantará polvareda con cualquier sentencia extravagante, pero no es noticia el fracaso de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) allí donde se ha comenzado a implantar (Murcia, Burgos): los procesos, lejos de avanzar y concluir más rápidamente, se «ralentizan». Esta realidad y la más importante aún de unos juzgados abrumados por la avalancha de asuntos no deben importarnos. Y mientras nos distraemos con anécdotas, echan a andar dos anteproyectos de ley. Uno, «de Agilización Procesal» (AAP); otro, «de los Tribunales de Instancia» (ATI). El primero no agiliza nada: elimina la segunda instancia en muchos procesos civiles y convierte al Tribunal Supremo, en asuntos civiles, en un Supremo para ricos (el tope de cuantía subiría de doscientos cincuenta mil euros a ochocientos mil). En síntesis, mucha menos tutela jurisdiccional para todos. Por su parte, el ATI prevé eliminar todos los juzgados y colocar a sus actuales titulares (miles de jueces y de magistrados-jueces) en una especie de «rediles» (los nuevos «Tribunales de Instancia» y las secciones en que bastantes de esos tribunales se dividirían) convenientemente apacentados por los presidentes de tribunales y secciones, de modo que el criterio de la mayoría sea vinculante para el único juez al que, sin embargo, le corresponda un asunto.

No es este el lugar para las graves objeciones técnico-jurídicas, bastantes de ellas con relevancia constitucional (por ejemplo, derecho al juez predeterminado por la ley, inamovilidad, independencia judiciales), que el anteproyecto merece. Pero si vale de algo andar ya cerca del medio siglo de estudio y seguimiento profesional de nuestra Justicia, créaseme cuando digo que ese anteproyecto no obedece a los declarados propósitos de «unidad de criterio» y mayor eficiencia, sino al persistente afán de neutralizar a la Justicia. Las discrepancias jurisprudenciales más perturbadoras se producen realmente en el plano de las Audiencias Provinciales (e incoherentemente, el AAP renuncia a que el Supremo remedie esas discrepancias), y la experiencia de muchas décadas muestra que los órganos unipersonales dictan más sentencias y en menos tiempo que los colegiados. Pero a demasiados «dirigentes» de este país les interesa desactivar los Juzgados de Instrucción y también los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. La clave de esta innovación radical, que se pretende hacer a toda prisa, por consenso, como si fuese un ajuste organizativo menor, es el máximo control posible de la Justicia, porque esta, con todos sus males, es el único freno que queda a la arbitrariedad y a la corrupción. Y estas realidades penosas son, no nos engañemos, el «Don Beltrán» que no deberíamos perder de vista.

ANDRÉS DE LA OLIVA SANTOS ES CATEDRÁTICO DE DERECHO PROCESAL