Educación y crisis social

Conocido, en orden a sus resultados, el desastre que hoy, en general, representa la educación en España, es un fraude social, como suelen hacer los representantes de los poderes públicos, limitarse a dar un salto anunciando soluciones que obvian las causas a través de las cuales se ha llegado a esta situación, cuyos perjudicados son los menores, los jóvenes y la sociedad en la que se incardinan. En lo que hace a la autoría del desastre, los responsables siempre son los otros. La escuela culpa a la familia, la familia a la escuela, y todos al Estado, a los efectos incorpóreo ente de ficción que no se conoce por dónde habita, y este, Gobierno, a la sociedad. Mientras tanto, y a modo de ejemplo, aumenta el índice de delincuencia entre los menores; en materia de enseñanza preuniversitaria España ocupa el puesto 25 entre los 33 países miembros de la OCDE (Informe PISA-2009); los jóvenes en edad de votar abdican de su responsabilidad pública, como se demuestra por su baja participación electoral; se multiplican las agresiones físicas y morales de hijos a padres; y se extienden la «cultura del botellón» y lo que ello acarrea. Después, los que llegan a la Universidad se encuentran con unas enseñanzas descafeinadas por la implantación del mal llamado «Plan Bolonia» y sus desaciertos, con un profesorado carente de motivación, y el desolador panorama de una titulación que ya no les garantizará un trabajo.

En el aspecto estricto de las antes llamadas «enseñanzas medias» la bajada de la calidad, aplicando los indicadores del Informe PISA, es consecuencia de la caótica Logse (Ley orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo) vigente desde el año 1990, que vino a derogar la LODE (Ley orgánica reguladora del Derecho a la Educación) de 1985. El llamado «efecto Logse» pivota sobre tres cuestiones fundamentales: la descentralización educativa (cada comunidad autónoma puede promulgar, y de hecho ya ha sucedido, su propia ley de educación a medida de su conveniencia política); la ideologización de las enseñanzas, y la bajada en el nivel de exigencia para superar curso. Después, y también por el Gobierno socialista, se promulgaría la Lopeg (Ley orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los centros docentes) en 1995; la LOCE (Ley orgánica de Calidad de la Enseñanza) en 2002 por el Gobierno popular; y, la última por ahora, en 2004 la LOE (Ley orgánica de la Educación). Esta dictadura legislativa ha originado, como no podría ser de otra forma, un incoherente y desconcertante desarrollo sobre el contenido y aplicación de las enseñanzas. Caos que se acrecienta con las leyes promulgadas por las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias. Resultado de esta demencia normativa: abandono escolar, fracaso del sistema educativo y lo que es indudablemente mucho más grave desde el punto de vista social, unos jóvenes sin la preparación suficiente para incorporarse al mercado laboral o a cualquier otra actividad parecida. De esta situación de engaño y fraude puede echarse la culpa a quien se deje, incluidos la inmigración o el hombre del tiempo, pero los responsables son los poderes públicos, por orden y en su orden.

La familia, el ámbito familiar, como órgano básico de la sociedad, tiene una gran parte de responsabilidad en la educación, crianza y desarrollo físico, psíquico y moral de los hijos. La falta de dedicación para compartir y prever su formación, en unos casos, y el desarraigo y su desestructuración en otros, traducidos en una culpabilidad redentora con regalos, agasajos y complacencias, han provocado el efecto perverso de convertirlos en el eje sobre el que gira el contexto familiar. En los años ochenta la dejadez y permisividad de los padres se reflejó en que la televisión educaba a sus hijos. En el presente siglo estamos en la era de la tecnología usable y desechable, internet, telefonía móvil y añadidos. Hoy los vástagos, desde temprana edad y según los casos, disponen de un desarrollo vital independiente que circula por las vías de tales instrumentos y de sus controladores, mientras los padres, con una ignorancia sobrevenida fruto de la irresponsabilidad, desconocen qué hacen los hijos, amistades, entretenimientos, diversiones y un largo etcétera. Y cuando surge el problema ya es tarde para solucionarlo.

En el campo del derecho el absurdo se ha codificado. Dos ejemplos: el Código Civil, al tratar de las relaciones paterno-filiales, entre otras cuestiones disponía en su art. 154 que «podrán también (los padres) corregir razonable y moderadamente a los hijos». La frase fue suprimida por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre. Es decir, hoy «corregir razonable y moderadamente» a un hijo puede acarrear la pérdida de la patria potestad, cuando no ser objeto de una sanción penal. Otro disparate: la mujer de 16 o 17 años puede, actuando como una mayor de edad, consentir la interrupción de su embarazo en los términos fijados por la ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo. Si una mujer se produjere un aborto o consintiere que otra persona se lo cause, fuera de los casos permitidos por la ley, será enjuiciada con arreglo al Código Penal (art. 145.2). Pero ¿qué sucede si tiene 16 o 17 años?, que deberá ser tratada como lo que es, una menor de edad, y se le aplicará la ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Mayor de edad para interrumpir su embarazo, y menor, en su caso, para abortar.

Y se podría continuar con el corrupto y poco ejemplarizante lenguaje basura, ya sea este el vejatorio y descalificador que los políticos exteriorizan como argumento en sus descalificaciones públicas del adversario o el insultante y envilecedor que algunas televisiones utilizan como espectáculo. La relación sería larga y copiosa.

La educación, la enseñanza y la cultura son el origen y fundamento de la libertad del hombre y de la sociedad. Y toda sociedad inculta y en crisis es terreno abonado para ser dominada y manipulada.

TEODORO GONZÁLEZ BALLESTEROSES

CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL