Tercera

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La idolatría de la igualdad

«Tenemos que tener bienes, riquezas y medios suficientes para poder practicar, a posteriori, una razonable política de reparto, una implantación sostenible del Estado del bienestar. De lo contrario, corremos el peligro de socializar la pobreza»

Día 16/01/2011 - 19.20h
UNA de las grandes, aunque tardía, conquistas de la Humanidad es la proclamación de la igualdad como derecho básico y nuclear de la convivencia social. Desde 1789, con la Revolución Francesa, hasta nuestros días, la igualdad es, junto con la justicia, basamento de todo sistema democrático. Así el artículo 14 de nuestra Constitución es rotundo cuando ordena que «todos los españoles son iguales ante la Ley». Esa igualdad se refuerza con la enérgica repulsa de la discriminación por una serie de motivos universalmente aceptados. Y dentro de la discriminación adquiere especial relevancia el sexo, pues secularmente la diferencia de trato entre hombres y mujeres, en todos los ámbitos, ha sido una lacra inadmisible.
Yo no voy a tratar ahora de la igualdad de trato entre mujeres y hombres y que la Ley Orgánica 3/2007 con desigual fortuna ha regulado, sino de ese incontenible afán regulatorio de tratar a todos por igual. Como dice el profesor García Murcia, el derecho a la diferencia constituye una de las más grandes aporías —es decir, problema no resuelto— en relación con el principio de igualdad y no discriminación, cuando la realidad es que se trata de un ingrediente natural del mismo. Se ha producido un ensanchamiento excesivo del principio de igualdad, puesto que ya no se trata de prohibir las diferencias de trato por motivo de ideología, religión, sexo, condición social, etcétera, sino que se intenta consagrar la ilegalidad o no aceptación de conductas por actos más allá de tales motivos, llegándose a situaciones un tanto exóticas al dar valor discriminatorio a cuestiones como la obesidad, la apariencia física... Además, la Ley de Igualdad que se prepara, establece la inversión de la carga de la prueba si hay «indicios» de discriminación. Es decir, que si un Banco no da a una persona de color, inmigrante, un préstamo teniendo nómina y medios razonables, probablemente hay que probar que no se le da por razones distintas a su condición lo cual es una «hazaña». Además, para velar por todo ese inmenso Cosmos, se creará la Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato (¡más burocracia!).
Corremos el peligro de instalar como norma el igualitarismo que es algo distinto a la igualdad. Y la igualdad no impide (no debe impedir) la diversidad de trato, la pluralidad de comportamientos. Como dice claramente el Tribunal Supremo (St. 4.2.94) «el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española no supone en todo caso un tratamiento idéntico a todos los que se encuentran en una posición semejante, ya que debe entenderse que la desigualdad en sí no es ilegítima, salvo que sea de tal naturaleza que se convierta en discriminación, que es su cara peyorativa». A nosotros nos educaron en el valor del esfuerzo individual de la consecución del éxito, del valor del sufrimiento como camino de una meta a conseguir. Dando por hecho que las oportunidades de estar en la línea de salida sean para todos, unos corrían con todas sus fuerzas, otros iban a menor paso y otros abandonaban la carrera y cuando se conseguía la meta, por ejemplo ingresar por oposición en un cuerpo administrativo de prestigio, compensaba con creces la alegría del triunfo con el esfuerzo y penalidades sufridas para conseguirlo. Pero, curiosamente, cuando se introducía uno, por méritos propios, en unos de esos puestos de prestigio como, por ejemplo, Catedrático de Universidad o Abogado del Estado, los que no lo habían conseguido se unían al coro de los que desprestigiaban tales puestos por elitistas o incluso, como se intentó con cierta puerilidad, en algún tiempo, cambiar el nombre —por lo que tenía en sí mismo de valor diferenciador y de prestigio— por otro más genérico y más «igualitario». En concreto, estuvo a punto de desaparecer el título de Catedrático, canjeándolo por el de Profesor, y el de Abogado del Estado, por Letrado del Estado. Curiosamente y en bastantes casos, los más entusiastas defensores de esa «democratización» de los títulos eran personas con responsabilidades públicas que habían fracasado en su intento de ser Catedrático o Abogado del Estado. ¡C'est la vie! Casi siempre se tiende a igualar por abajo no por arriba.
Como he dicho, doy por hecho, porque si no el sistema chirriaría, que haya igualdad de oportunidades en el acceso a la consecución de una meta de prestigio. Y desde hace ya muchos años y a través fundamentalmente de una generosa política de becas, hoy, prácticamente todo el que vale, puede estudiar una carrera universitaria. De ahí que a partir de ello, nadie puede quejarse de que uno llegue a la cima y otro se quede en la mediocridad. Es el esfuerzo y la inteligencia los que marcan la diferencia, no el origen social ni el nivel económico. Es verdad que hay casos evidentes en que las personas no tienen más remedio que ponerse a trabajar para sacar adelante a su familia y que por tanto no pueden, por ejemplo, hacer oposiciones. Pero eso no quita valor y veracidad a lo que acabo de decir.
Cuando una sociedad fía todo al Estado, como fuente inagotable de bienes y oportunidades, y ve con malos ojos el triunfo de unos respecto de otros, acaba generando unos ciudadanos acomodaticios, pedigüeños y sin nervio. Ahí radica una de las grandes diferencias entre el mundo anglosajón y el continental (como es el nuestro). En aquél, se educa desde pequeños en el valor del esfuerzo, en la bondad del éxito y en el rechazo de excesivas «muletas» del Estado. De ahí surge una cultura de emprendimiento, de valoración del desafío, de asunción del riesgo. Y no creo que en las escuelas anglosajonas se adoctrine sobre el valor de la discriminación o del desprecio al prójimo. Al contrario. Pero tienen la fortuna de saber combinar el valor de la igualdad con el del esfuerzo. Entre otros correctivos ahí está el de una política fiscal equilibrada y justa. Dicho de un modo gráfico, al niño se le enseña que lo que consiga lo tiene que hacer con su trabajo, con su lucha permanente y lo que no se le dice es que esté tranquilo pues cuando comienza la carrera de velocidad, si va perdiendo, vendrán los mecanismos administrativos —ahormados en el altar de la igualdad— para subirle en un coche y llegar juntos a la meta con los que se han dejado la piel en el esfuerzo. Algo de eso explica el rechazo de gran parte de la sociedad americana a las «políticas sociales» de Obama. Tienen miedo de perder las esencias de lo que ha llegado a ser el pueblo norteamericano. Y ese rechazo, a los continentales, que estamos en la galaxia de la ayuda y la no diferenciación como valores primigenios, nos produce no poca estupefacción.
Es cierto que en esa dualidad de eficiencia económica y protección social —que diversifica asimismo a los anglosajones de los continentales— es preciso observar un razonable equilibrio para evitar situaciones injustas. Pero si todo se basa en la protección social con un mensaje urbi et orbe de tranquilidad ya que siempre estará el Estado para ayudarnos, lo probable es que montemos un esperpento como es repartir la tarta sin que haya tarta. Noble empeño, pero inútil y frustrante. Tenemos que tener bienes, riquezas y medios suficientes para poder practicar, a posteriori, una razonable política de reparto, una implantación sostenible del Estado del bienestar. De lo contrario, corremos el peligro de socializar la pobreza, que es algo en lo que la Historia nos da lecciones que no deberíamos olvidar. Sigo recordando la anécdota de Mario Soares, triunfador con su partido socialista en Portugal, cuando le dijo a su compañero ideológico sueco, Olof Palme, que iban «a acabar con los ricos», a lo que le contestó éste: «Pues no es buen camino, aquí estamos intentando acabar con los pobres».
JUAN ANTONIO SAGARDOY BENGOECHEA ES CATEDRÁTICO DE DERECHO DEL TRABAJO Y VICEPRESIDENTE DEL FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL
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