Los jueces cargan contra Igualdad por culparles del aumento del maltrato

El «llamamiento a la responsabilidad de cada juez» a la hora de adjudicar pulseras GPS a las mujeres maltratadas, que formuló el miércoles el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, provocó ayer las críticas del mundo judicial. Diversas asociaciones de jueces se defendieron de las acusaciones del Ministerio de Igualdad, que lanzó un mensaje «confuso, por lo ambiguo, y equívoco, por lo genérico», que evidencia «su pretensión de cargar sobre las espaldas de los jueces españoles las consecuencias más trágicas y horrendas de los casos de violencia de género».

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, afirmó que «cuando este tipo de medidas no se adoptan, es porque a la vista de las circunstancias no resultan justificadas». Asimismo, en declaraciones a Ep, señaló que este tipo afirmaciones «no contribuyen a nada, sobre todo cuando no están respaldadas por argumentos justificativos, específicos y lo suficientemente concretos». Para García, «decir que sólo están colocadas 369 pulseras cuando hay 500 mujeres en riesgo potencial y manifiesto es tanto como decir que los jueces no están haciendo lo que deben, trasladando a la opinión pública un mensaje extraordinariamente equívoco por ambiguo y confuso».

Responsabilidad política

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, aseguró que «los políticos escurren el bulto y acusan a los jueces por un déficit o por una omisión en determinada situación». Igualmente, explicó que «los jueces valoran en función de informes» y, por lo tanto, «han concedido todas las pulseras GPS que se podían conceder. Si faltan más —indicó— corresponde a la policía y a las autoridades administrativas señalar dónde está el impacto de riesgo para que los jueces actúen».

También mostró su disconformidad con las declaraciones de Lorente el portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, quien puntualizó que el problema que plantea la Ley de Violencia de Género es que «no diferencia entre supuestos concretos» y, mientras los casos leves pasan a ser «los asuntos que mayoritariamente se tramitan por los juzgados de violencia», los más graves, sin denuncia interpuesta, «no se suelen investigar». Por ello, recomendó «utilizar otro tipo de políticas para investigar, como los partes de lesiones en los hospitales o los avisos de situaciones extrañas en las familias detectadas por los servicios sociales».

En paralelo a las críticas de los jueces, la presidenta del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán, se comprometió ayer a trabajar para «acelerar los informes periciales» para «facilitar» a los jueces la correcta valoración del riesgo de sufrir violencia machista, que les permita la imposición de brazaletes. Dado que «los jueces sólo cuentan con el informe policial de riesgo y las declaraciones de las partes» para poder elaborar una conclusión sobre la amenaza existente, tratará de que éstos estén disponibles en las primeras 72 horas desde la detención.