Una ley corrosiva

EN el mes de julio entrará en vigor la nueva ley de ampliación del aborto, si antes el Tribunal Constitucional no la ha revocado gracias al recurso de inconstitucionalidad que el Partido Popular se ha comprometido a presentar. Aunque el PP dispone de tres meses para impugnar la ley desde su publicación en el BOE -lo que sucedió el pasado jueves-, la presentación del recurso es urgente porque la Ley Orgánica del TC no prevé la suspensión del texto recurrido. Sin embargo, si en algún caso está justificada la suspensión de una ley, es éste, porque los perjuicios que puede ocasionar su entrada en vigor y posterior derogación serían trágicamente irreversibles. Por tanto, es apremiante que el PP impugne y que el Tribunal Constitucional resuelva.

Esta es una ley profundamente injusta y arbitraria, contra la que está legitimada toda acción legal y cualquier manifestación cívica de oposición, como las convocadas para mañana por asociaciones pro vida. Es una ley que vulnera la doctrina del TC, contraria al aborto libre, porque éste representa la pura y simple decisión de acabar con la vida de un ser humano. Además, es una ley que promueve directamente el aborto, al calificarlo como un derecho subjetivo de la mujer y al ordenar que sus disposiciones sean siempre interpretadas en sentido favorable a la decisión de abortar. No hay opción alguna para el feto.

Es también una ley basada en un falsedad continuada. No libera a la mujer de la cárcel, porque no hay una sola mujer en prisión por haber abortado; y tampoco establece límites al aborto. No hay límites de plazos, porque cerca del 91 por ciento de los abortos ya se practica en las catorce primeras semanas. Si hasta ahora hacía falta alegar un motivo -aunque fuera un formalismo- para abortar en este período, con la nueva ley, que suprime esta exigencia, el aborto se hará todavía más rutinario. Incluso el límite de veintidós semanas en caso de riesgo para la madre es una pura mascarada para prolongar el aborto libre hasta ese límite, porque legitima el feticidio por conveniencia, al utilizar la ley un concepto de salud comprensivo del bienestar «sociocultural» de la mujer. Y es también una ley contra la familia, al permitir a una menor de dieciséis años decidir libremente si informa o no a sus padres de la decisión de abortar. Una ley, en definitiva, corrosiva para una sociedad que se ha hecho un poco más primitiva desde el pasado jueves.