Coacción inaceptable al TC
EL consejero de Interior y Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña, Joan Saura, reclamó ayer a los magistrados de Tribunal Constitucional que presenten su dimisión para favorecer su renovación. Saura hizo esta frívola petición al mismo tiempo que deslegitimaba al TC para dictar la sentencia pendiente sobre el Estatuto de Cataluña. Declaraciones de este tipo revelan, ante todo, el nerviosismo del tripartito catalán ante los rumores de una posible sentencia contraria al Estatuto catalán. Si los rumores apuntaran en sentido contrario, Saura habría mantenido el mismo silencio que tanto él como socialistas y nacionalistas catalanes mantuvieron cuando parecía existir en el TC una mayoría proclive a la constitucionalidad del Estatuto. Por otro lado, Saura incurre en la misma esquizofrenia política que el PSC, al reclamar al TC un apoyo al Estatuto que su socio de gobierno, Esquerra Republicana, no le dio. Pero Saura no ha pedido la dimisión de los cargos de ERC en el tripartito. Sí, en cambio, la de los magistrados del TC por una sentencia que aún no ha dictado. Además, olvida Saura que, si hay que hablar de legitimaciones, el referéndum de 2006 dio al nuevo Estatuto un respaldo mucho menor que el recibido por el Estatuto de 1979. Y también olvida -a propósito- que si los magistrados del TC siguen en sus puestos se debe a que el PSOE se ha negado a cubrir la vacante del fallecido Roberto García Calvo con otro magistrado propuesto por el PP -como era la costumbre- y a negociar en el Senado, donde el PP tiene mayoría, los otros cuatro candidatos.
Los ataques desde el tripartito catalán al TC son los más graves que ha recibido una institución del Estado en la historia democrática. Sin embargo, no sólo se reiteran sin límite alguno, sino que no encuentran respuestas contundentes el Gobierno central. Sí en la presidencia de la Generalitat, cuya desautorización, sin embargo, suena hueca después de que fuera el propio Montilla, semanas atrás, quien presionara al TC para dictar una sentencia favorable al Estatuto. Es cierto que el TC está incurriendo en una dilación inaceptable de sus funciones, pero lo que plantea Saura nada tiene que ver con una protesta por los plazos de la decisión, sino con una ataque a la jerarquía del TC en la interpretación y defensa de la Constitución. Realmente, Saura está propugnando la sustitución de la Constitución por el Estatuto. Estos aliados de Rodríguez Zapatero son los que verdaderamente hacen daño al Estado, y no la oposición que pregunta y controla legítimamente a su Gobierno en el Parlamento.
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