El TSJM requiere al Gobierno valenciano los expedientes de contratación con empresas de Correa

La petición se refiere a los expedientes completos de contratación, facturas o cualquier tipo de contrato celebrado desde 1998 entre esa administración o alguna de las agencias u organismos pertenecientes a la Generalitat, o en su caso certificación negativa, con trece empresas de Correa.

El requerimiento se produce a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para hacer efectivo la petición que realizó el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón antes de que se inhibiera a favor de los Tribunales Superior de Justicia de Madrid y de la Comunidad Valenciana para que asumieran la investigación del "caso Gürtel" al implicar a aforados del PP madrileños y valencianos.

En la nota, el TSJM insiste en que esta solicitud "en modo alguno" obedece al deseo del juez de investigar las relaciones entre el Gobierno de Francisco Camps y Correa, sino "al interés de conocer las actividades de estas empresas, toda vez que su ámbito de actuación es o era nacional".

De este modo, el magistrado obra a petición del Ministerio Fiscal después de que de "forma reiterada así se lo ha venido solicitando ante la demora de la Generalitat valenciana a la hora de facilitar la relación de los pagos y contratos señalados con anterioridad".

"Las investigaciones practicadas por el Ministerio Fiscal y el juez instructor ni están dirigidas contra Francisco Camps ni tienen por tanto que ver con el mismo" , añade la nota del TSJM.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) acordó, en un auto hecho público el pasado 3 de agosto, el sobreseimiento de la causa abierta contra Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret por un delito de cohecho. El Tribunal determinó que los regalos recibidos por los cargos públicos de la trama de Correa no son constitutivos de delito.

El juez Antonio Pedreira, instructor del procedimiento en Madrid, ha aclarado que fue el juez Garzón quien -Con anterioridad al mes de febrero de 2009, el juez Baltasar Garzón, titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, requirió a la Generalitat valenciana a fin de que remitiera los expedientes completos de contratación, facturas o cualquier tipo de contrato celebrado desde 1998 entre esa administración o alguna de las agencias u organismos pertenecientes a la Generalitat, o en su caso certificación negativa, con trece empresas relacionadas con Francisco Correa.