Las verdaderas impunidades

Incluso sin llegar a casos tan extremos, los cinco años de gobiernos presididos por Rodríguez Zapatero están jalonados por impunidades que avergüenzan al Estado de Derecho, empezando por la estrategia de tierra encima practicada con el soplo que recibió una red de extorsión de ETA procedente, al parecer, de un teléfono policial. No menos sorprendente fue la acusación que despachó el fiscal general del Estado contra la Policía por no colaborar en la aplicación de Partidos Políticos, a la que añadió que para ilegalizar a ANV acudiría a la Guardia Civil, «que es lo seguro». Todo quedó zanjado con la absurda explicación de que había un problema de procedimiento, pero ahí queda, sin consecuencias políticas ni legales, la acusación de la máxima autoridad del Ministerio Fiscal contra la Policía. En relación con otro tipo de delincuencia similar a la terrorista, Eurojust acaba de pedir explicaciones al Gobierno español por su gestión en la liberación del «Playa de Bakio», secuestrado por piratas somalíes. Hay una causa penal abierta sobre estos hechos en la Audiencia Nacional, pero nada se ha hecho para determinar qué pasó, porque si el Centro Nacional de Inteligencia facilitó el pago del rescate, el problema es mucho más grave que el de la imagen ante nuestros aliados. Y sin salir del CNI, es incomprensible que el Ministerio Fiscal no haya actuado de forma fulminante contra su ex director Alberto Sainz, cesado después de que salieran a la luz informaciones sobre el uso discrecional de fondos del organismo de inteligencia para asuntos privados. Caso paradigmático de responsabilidades legales y, por supuesto, políticas de sus superiores.

El discurso del PSOE contra la crisis no escapa de esta doble moral sobre las impunidades, porque está garantizándola a los responsables del desastre financiero de Caja Castilla-La Mancha, cuya gestión habría puesto ante el juez a cualquier directivo si no mediaran intereses políticos. No se puede estar todo el día acusando a especuladores sin nombre y cuando hay pruebas no actuar. La obligación moral y legal del Ministerio Fiscal y de su superior jerárquico, el Gobierno -jerarquía que exhibió la vicepresidenta primera desde Costa Rica al anunciar el recurso de la Fiscalía contra el auto de sobreseimiento de Camps- es impulsar, al menos, la investigación de unos hechos que tienen una indiscutible apariencia de irregularidad. Por lo menos, investigar, como debería hacerse en el «caso Matsa». Para impunidades de verdad, estos ejemplos.