Los datos del informe obligan a intervenir a la Fiscalía
El informe de fiscalización del Imserso correspondiente al ejercicio de 2005 fue presentado en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas por el propio presidente del máximo órgano fiscalizador del Estado, Manuel Núñez, sin que la portavoz del PSOE, María José ... Fernández Aguerri, intentara entrar en la defensa de la gestión que los responsables de su partido habían hecho en el Ministerio de Trabajo pese a las demoledoras denuncias que contenía el texto.
Todo lo más, se escudaba en el hecho de que había prácticas que venían de antiguo, como el monopolio encubierto en los programas de viajes, aunque antes de 2005 fueran menos opacas, más baratas y cumplieran todos los trámites, empezando por el preceptivo acuerdo del Consejo de Ministros.
El caso más escandaloso
Núñez tuvo que recordar que el caso más escandaloso es el de las plazas asistenciales que se reservan, se pagan y no se ocupan, un asunto que ha puesto en marcha a la Justicia. «En cuanto a las responsabilidades presupuestarias, en ocasiones no se ha acreditado la existencia del crédito correspondiente para poder adjudicar determinados servicios», explicó el presidente del Tribunal para añadir después que «tanto el Ministerio Fiscal como el servicio jurídico del Estado solicitaron la remisión de antecedentes a la sección de enjuiciamiento, en la que aún no se ha resuelto sobre la cuestión planteada».
Manuel Núñez dejó claro ante la comisión que la mala gestión del Imserso se había agravado en 2005 y que esa falta de eficacia o despilfarro de fondos públicos era especialmente sangrante cuando afecta a recursos destinados a ancianos o personas dependientes en general.
El presidente del órgano fiscalizador, según consta en las actas de la reunión, evitó salirse del contenido del informe, pero el portavoz del PP, Ramón Aguirre, entró a saco en lo que llamó «orgía presupuestaria y de falta de ortodoxia en la forma de adjudicar y ejecutar contratos» aplicada por el Imserso.
Aguirre insinuó que los concursos de servicios, edificios y viajes parecían hechos con «pliegos rectores de diseño» destinados a determinadas «finalidades». Además, destacó el dato de que en el informe de fiscalización hubiera un solo renglón redactado en términos positivos para el Imserso en un documento que abarca 44 folios repletos de denuncias de irregularidades y reconvenciones de tipo administrativo.
Responsabilidad de los gestores
El diputado del PP pidió que se indague sobre las posibles responsabilidades de los gestores del organismo y de los centros que vienen citados en el informe y denunció una práctica muy extendida en el Imserso: «Se saca un pliego de condiciones a unos precios bastante atractivos, concurren, se adjudica y el ganador, pasado un tiempo prudencial, modifica el contrato inicial al alza y, como ya está trabajando, se paga y se dejan estar las cosas».
El portavoz del PP destacó que esa práctica puede ser admisible cuando se trata de una excepción, pero resulta más que sospechosa cuando se convierte en la norma, que es lo que ocurre en el Imserso. En un centro para minusválidos en Alcuéscar (Cáceres) las obras acabaron por costar un 45 por ciento más de lo presupuestado.
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