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Jamal Ben Ammar Al-Ahmar, un profesor universitario de origen argelino, reclama el regreso a AlAndalus de los descendientes de los musulmanes expulsados de España en el siglo XV, al tiempo que exige la identificación y condena para los culpables.
El tal Jamal, que se autoproclama descendiente de la dinastía de Bania Al Ahmar y, por tanto, soberano de Al Andalus, lanza su diatriba en su página web, en forma de carta enviada al Rey Don Juan Carlos. En principio se trataría de una de la muchas arengas que se difunden a través de Internet. Pero fuentes consultadas por ABC no ocultan que este caso encierra un elemento añadido de preocupación. Jamal Ben Ammar adoctrina a diario a un puñado de estudiantes desde su cátedra de profesor en la Universidad Farahat Abbas de la ciudad de Sétif, de Argelia, y forma parte de delegaciones culturales que representan al país magrebí en el extranjero.
Cuando Al Qaida amenaza a España utiliza, como pretexto, además de la presencia de nuestras tropas en Afganistán, la reivindicación de un Al-Andalus arrebatado injustamente a los musulmanes.
En su carta, recuerda al Rey «la injusticia infligida sobre el pueblo musulmán de Andalucía que todavía sufre la diáspora en el exilio desde el año 897, según el calendario musulmán, y 1492 después de Cristo». Dicho esto, el profesor insta al Monarca a que pida perdón, «en nombre de sus antepasados», por la expulsión de los musulmanes, y que asuma «la responsabilidad de las consecuencias» que aquello pueda acarrear.
Quizá inspirado por la frustrada decisión de Garzón de abrir las fosas del franquismo, el caso es que Ben Ammar insta a «una completa investigación legal e histórica de los crímenes de guerra que tuvieron lugar en Andalucía por las cruzadas papales, francesas, inglesas y europeas, cuya víctima fue nuestro miserable pobre pueblo, tras la caída de la regla islámica en Andalucía». En su opinión, «es necesario identificar a los criminales, condenarlos restrospectivamente, mientras se identifica y compensa a las víctimas por sus calamidades y se restauran sus títulos». En resumidas cuentas, propone «una investigación histórica y legal de la emigración obligatoria de los ciudadanos y su dispersión en varias zonas del mundo, identificar a los culpables y condenarlos», así como que «se emita un decreto que permita a los inmigrantes regresar a sus hogares andaluces, garantizándoles la concesión del pleno derecho de ciudadanía». Demanda también que se restauren «las propiedades perdidas de los musulmanes»; «buen trato a la comunidad musulmana que vive en España y que siente que su orgullo ha sido desdeñado, tras la inspección de tribunales»; el mismo buen trato para los sin papeles, y cuyos antepasados fueron expulsados; que se incluya la causa de Al-Andalus en las negociaciones que España mantenga con grupos internacionales políticos y religiosos -¿se refiere a la alianza de civilizaciones de Zapatero?-; la independencia para Ceuta y Melilla; que se pida perdón a los musulmanes y que un tercio de los ingresos por visitas a monumentos islámicos se destine «al representante legal» de Al-Andalus.
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