El Gobierno tailandés ordena desalojar a la oposición de los aeropuertos

Con esta medida, el actual primer ministro, Somchai Wongsawat, pretende que la Policía y el Ejército desalojen a los manifestantes del aeropuerto internacional de Suvarnabhumi y del doméstico de Don Muang, donde se han suspendido casi todos sus vuelos incomunicando por aire a Bangkok con el resto del mundo.

El estado de emergencia ordena a la Policía “restaurar el orden” y permite a los militares “la suspensión de las libertades civiles, prohibir las reuniones en la calle de más de cinco personas e impedir a los medios de comunicación la difusión de noticias que puedan causar pánico”. Todo eso, al menos, en teoría, ya que está por ver la reacción del Ejército, cuyo comandante en jefe, Anupong Paochinda, se muestra contrario a emplear la fuerza contra la oposición y ya ha pedido al Gobierno que disuelva el Parlamento y convoque elecciones anticipadas.

En un país como Tailandia, que ha sufrido 17 golpes de Estado desde 1932, dicha “sugerencia” ha avivado los rumores sobre una nueva asonada militar, apoyados además por la orden que el Ejecutivo ha dado a los militares para que permanezcan en sus cuarteles.

Aunque el portavoz del Ejército, el coronel Sunsern Kaewkumnerd, reconoció a la agencia AFP que “ha habido movimiento de tanques por razones estratégicas”, aseguró que “no hay ningún golpe de Estado en marcha y los militares no estamos en alerta”.

Cierto o no, la noche se presenta bastante complicada en Bangkok porque la Policía podría intentar desalojar a los manifestantes de los aeropuertos. Si, finalmente, la operación desemboca en un baño de sangre, lo más probable es que el Ejército actúe y acabe protagonizando un nuevo pronunciamiento militar contra el Gobierno para controlar la situación.

Frente a esa amenaza, los seguidores de la coalición gubernamental, agrupados en torno al Partido del Poder Popular (PPP), también han hecho un llamamiento público a la ciudadanía y al primer ministro para que “se movilicen no menos de 20.000 personas que se opongan a la toma de poder por parte de la oposición o del Ejército”. Se acentúa así, aún más, el riesgo de fractura social y aumentan las posibilidades de que se enfrenten en las calles los partidarios de la oposición, ataviados con sus características camisetas amarillas en señal de respeto al venerado rey Bhumibol, con los pro-gubernamentales, vestidos de rojo.

“Estoy muy preocupado y la situación es muy delicada porque esta noche puede ocurrir cualquier cosa”, explicaba a ABC por teléfono el embajador español en Tailandia, Juan Manuel López Nadal, tras una reunión mantenida con sus homólogos de la Unión Europea sobre la situación de los miles de extranjeros atrapados por el bloqueo de los aeropuertos.

Entre ellos, destacan unos 300 turistas españoles que se encuentran de vacaciones en el “país de la sonrisa”. Según confirmaron fuentes de la Embajada, un grupo de 72 viajeros debía volver hoy mismo a Madrid desde Bangkok, pero han optado por permanecer en su hotel de Phuket, al sur del país, por el cierre de los aeropuertos.

En algunos casos, las compañías aéreas están proporcionado habitaciones gratuitas en los hoteles a los turistas que no pueden regresar a sus hogares, pero en otros éstos mismos tienen que costeárselas de su propio bolsillo. Por ese motivo, el Gobierno tailandés ya está planeando que aquellos viajeros con mayores necesidades de salir del país, como niños o ancianos, puedan desplazarse en un avión de Thai Airways desde una base militar hasta los aeropuertos de Singapur o Kuala Lumpur, en Malasia, con el fin de que así conecten con otros vuelos hacia sus distintos destinos.

Desde el pasado mes de mayo, la denominada Alianza Popular por la Democracia (APD) intenta derribar al Ejecutivo elegido en los comicios celebrados en diciembre del año pasado. La oposición, partidaria del rey Bhumibol Adulyadej y apoyada por la oligarquía del país y la clase media urbana, denuncia que el Gobierno sigue dirigido por el ex primer ministro Thaksin Shinawatra. Este magnate de las telecomunicaciones, cuñado del actual jefe del Gobierno, fue depuesto en un golpe de Estado incruento en septiembre de 2006 y acaba de ser condenado por corrupción tras huir del país en verano. Aunque su formación política, el partido Thai Rak Thai (Los tailandeses aman lo tailandés) fue disuelto por el Tribunal Constitucional por violar las leyes electorales, sus seguidores formaron el Partido del Poder Popular (PPP) y volvieron a ganar en los comicios de diciembre de 2007 tras un año bajo el mando de una Junta militar.

Dicha victoria no ha sido digerida por la oposición, que también está dirigida por hombres de negocios con oscuros intereses en la política y, además, apuesta por limitar la participación democrática de los campesinos, a los que acusan de ser tan ignorantes que se dejan comprar sus votos por el PPP, sustentado por Thaksin. En este sentido, la Comisión Electoral Central ya recomendó en su día la disolución de la formación en el poder, el PPP, por fraude en los comicios de diciembre y el anterior primer ministro, Samak Sundaravej, tuvo que dimitir en septiembre por presentar un programa de cocina cuyos emolumentos eran incompatibles con su cargo público.

Sin ir más lejos, su sucesor y actual primer jefe del Ejecutivo, Somchai Wongsawat, fue acusado recientemente de dejación de funciones durante su paso por el Ministerio de Justicia hace ocho años y un comité parlamentario está investigando si tiene acciones en una compañía estatal de telecomunicaciones.

Amparándose en estos casos de corrupción y en la habitual compra de votos entre los campesinos, los opositores proponen que sólo un 30 por ciento del Parlamento sea elegido mediante consulta popular y que el resto sea nombrado directamente. Entre los líderes de la APD destacan un antiguo magnate de los medios de comunicación, Sondhi Limtongkul – quien al principio apoyaba a Thaksin y luego propició su caída –, y Chamlong Srimuang, un general.

En medio de esta lucha de poder entre la clase media urbana y el paupérrimo mundo rural, dirigidos ambos por adinerados empresarios manchados por la corrupción, sólo el reverenciado rey Bhumibol y el Ejército pueden ejercer de árbitros. Pero el primero sigue guardando silencio y los militares continúan sumidos en la ambigüedad, por lo que parece que ambos quieren dejar caer al Gobierno por su propio peso y por la presión de la oposición.