La SIP constata un auge del derecho a saber, no regulado en España
En el mundo son ya 85 los países que han adoptado leyes que regulan el derecho de los ciudadanos de «pedir» información en manos de los poderes públicos y el deber del Estado de «contestar» a esas peticiones. El proceso en defensa de este derecho ... de nueva generación -conocido como acceso a la información- se ha acelerado en la última década, según constataron ayer los participantes en una mesa redonda sobre el tema durante la tercera jornada del congreso de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que inaugura formalmente hoy Su Majestad el Rey.
En público y a la luz del sol
«Las deliberaciones políticas en la antigua Grecia tenían lugar en el espacio público y a la luz del sol», recordó el moderador del panel, Asdrúbal Aguiar -ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, quien vinculó la idea de transparencia y acceso a la información en manos del poder al origen mismo de la democracia. Helen Darbishire, directora de la ONG Access Info Europe; Roberto Rock, columnista del prestigioso diario mexicano «El Universal», y Ángel Expósito, director de ABC, debatieron los últimos avances en Europa y en Iberoamérica en la regulación de un derecho que resulta clave en la consolidación de las sociedades abiertas.
«Es un derecho ciudadano»
«La información en poder de los organismos públicos es propiedad de la gente; y el acceso no es una gentileza de los Gobiernos, sino un derecho ciudadano y un deber estatal», explicó Rock, director editorial de «El Universal» durante una década y promotor del llamado Grupo de Oaxaca, una iniciativa cívica que presionó para que México adoptara en 2002 una de las leyes de acceso más avanzadas, inspirada en la Freedom of Information Act (FOIA) vigente en Estados Unidos. En México es posible conocer no sólo el número de personas que componen el equipo de seguridad del presidente de la República -no así sus tácticas de seguridad, consideradas secreto de Estado- sino la relación de gastos efectuados por los agentes con dinero y tarjetas de crédito que sean propiedad del Estado.
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