La CMT afronta una nueva regulación del sector de las telecomunicaciones

El presidente de la CMT, Bernardo Lorenzo , afirmó hoy en la jornada preliminar del XXV Encuentro de las Telecomunicaciones , que este organismo iniciará ahora 12 meses que serán cruciales para el sector, ya que hay que decidir qué mercados tiene que regular y establecer las condiciones que impondrá a los operadores con poder significativo en el mercado. Esta es la tercera vez que la CMT realiza esta revisión que se hace a nivel nacional y europeo cada dos o tres años.

La regulación afectará al menos a los mercados de telefonía fija, en el que se decidirá si se mantiene o no la regulación de la cuota de abono mensual de Telefónica que lleva tres años congelada y los mayoristas de banda ancha fija, móvil, de líneas alquiladas y los de televisión por ondas terrestres. La revisión se llevará a cabo con la «máxima transparencia» , dijo, y con la consulta al sector.

La regulación más urgente es la de los precios terminación de llamadas móviles, ya que en abril terminará la que se estableció en 2009 con reducciones de precios semestrales, que cuando se aplique la última reducción de abril, habrá supuesto una disminución de estos precios en un 50 % en 2,5 años.

Bernardo Lorenzo dijo que habrá que estudiar si se toman nuevas medidas o no en cuanto a estos precios de terminación. Además, con la entrada en vigor del servicio universal de banda ancha a un megabit al que tendrán derecho todos los españoles, se tendrá que hacer una nueva metodología de contabilidad de costes del nuevo servicio, ya que si supone un déficit se financiará, tal como es habitual, entre todos los operadores con poder significativo en el mercado.

En la revisión del mercado móvil se estudiará la obligación de los operadores con red de dar servicio a los operadores móviles virtuales. La CMT también tendrá que decidir si establece regulación por zonas geográficas, además de mantener la nacional, y analizará la posibilidad de establecer medidas para el mercado de empresas y administraciones públicas que actualmente no está regulado.

Con estas medidas, explicó Bernardo Lorenzo, se trata de potenciar la competencia en el sector y fomentar la inversión , ya que España tendrá que afrontar inversiones de entre 14.500 y 20.500 millones de euros para adaptar las redes a las exigencias de la Agenda Digital Europea de cara al 2020