El Vaticano registra su Secretaría de Estado tras unas denuncias sobre sus finanzas

Aunque el comunicado oficial apenas revela detalles, el hecho de reconocer en público casos de corrupción en centros estratégicos confirma la línea de pasar este tipo de delitos directamente a la vía judicial, que incluye juicios públicos en el Tribunal del Vaticano, formado por magistrados laicos expertos en derecho penal.

La oficina de prensa vaticana se limitó este martes a indicar que en la mañana del lunes «se han llevado a cabo actividades de incautación de documentos y aparatos electrónicos en algunas oficinas de la Primera Sección de la Secretaría de Estado y de la Autoridad de Información Financiera».

La «Primera Sección» es la que se ocupa del gobierno interno de la Iglesia, mientras que la Segunda supervisa la diplomacia . No está claro si los presuntos delitos están relacionados con la actividad de gobierno o si han sido cometido por personas que trabajan allí, lo cual justifica la incautación de «aparatos electrónicos», presumiblemente ordenadores, tabletas y teléfonos móviles.

El comunicado indica que el registro fue «autorizado por decreto del Fiscal del Vaticano, Gian Piero Milone» y que se había «informado debidamente a los superiores», es decir, el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, y el vicesecretario, Edgar Peña Parra.

Hasta ahora era impensable que la Gendarmería Vaticana entrase a incautar nada en la Secretaría de Estado, equivalente a la presidencia del Gobierno de un país.

Todavía es más chocante que haya sido necesario hacer registros en la Autoridad de Información Financiera, encargada de denunciar irregularidades a la Fiscalía del Vaticano y a las autoridades financieras de los demás países. Tanto al presidente de la AIF, René Brülhart, como al director general, Gianfranco Mammì, se les han colado «manzanas podridas» en su propia casa.

Lo más curioso de la nota es que el registro ha sido motivado por «denuncias presentadas a principios del verano por el Instituto para las Obras de Religión (el banco del Vaticano) y la Oficina del Revisor General, sobre operaciones financieras realizadas a lo largo del tiempo».

Resulta novedoso que el IOR denuncie en lugar de ser denunciado, y que actúe la Oficina del Revisor General, tomada muy poco en serio hasta ahora. Si las auditorías externas ordenadas por Francisco al inicio de su pontificado lograron pasos de gigante en la organización de las finanzas vaticanas, el proceso ha perdido ritmo y hay varios cargos clave sin cubrir.

El «agujero» más grave es la ausencia de un secretario de Economía desde que el cardenal australiano George Pell, actualmente en prisión en Melbourne, tomó la excedencia en junio de 2017 para comparecer a juicio por abuso sexual de menores en su país . Su mandato expiró sin que el Papa Franisco haya nombrado sucesor, y la jefatura la ostenta el «número dos», monseñor Luigi Mistò.

El mismo «vacío» se registra en la Oficina del Revisor General desde que Libero Milone presentó abruptamente s u dimisión en junio de 2017, acusado verbalmente de espiar a altos cargos de la Curia, pero sin que el Vaticano llegase nunca a presentar cargos. La tarea la desempeña interinamente Alessandro Cassinis Righini, el primero de los revisores adjuntos hasta que el Papa proceda a un nombramiento formal.

Desde el 2015, el Vaticano ha dejado de publicar sus balances anuales mientras dura una transición que se alarga mucho más de lo previsto.