Dos pueblos, en el centro del caos jurídico, miran al Supremo: «Cerramos y hasta que se aclaren»

En el pueblo de Cuenca, sus altas cifras obligaban el pasado viernes a la Consejería de Sanidad a decretar medidas especiales para frenar los contagios: se incluía el confinamiento perimetral, el toque de queda de 0.00 a 6.00 horas y el máximo de grupos de diez personas. Un día después, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) tumbó la resolución del Gobierno castellano-manchego, al considerar que esa decisión iba en contra de derechos fundamentales porque se dirige «a un colectivo de ciudadanos indeterminado». Ayer el presidente Emiliano García-Page se rebeló ante la negativa del TSJCM a sus medidas. «El Supremo (TS) debe poner en claro que las normas que rigen en Baleares o Comunidad Valenciana lo hacen en Castilla-La Mancha», advirtió, en alusión a que las otras dos regiones sí tienen toque de queda.

Page recordó que se trata de una medida «idéntica» a la tomada en verano en la localidad cuando tampoco había estado de alarma. «Nos han echado atrás una medida de protección al mayor derecho fundamental, que es la vida», concluyó, visiblemente muy molesto.

Esta situación está pasando factura a Quintanar. Su alcalde, Martín Cebrián, pide sentido común «porque muchas familias lo están pasando mal y muchos negocios se están arruinando por la irresponsabilidad de unos pocos». El regidor quintanareño pide a sus vecinos un último esfuerzo. «En el Ayuntamiento estamos hartos de avisar a todo el mundo; hay unos cuantos que siguen sin hacer caso, y luego contagian en sus trabajos y familias. No tenemos una varita mágica, depende de la conciencia de cada uno», dice, resignado, el edil. Cebrián critica a los que siguen haciendo oídos sordos. «Son unos pocos, pero reinciden, y la gran mayoría no han sufrido en sus carnes los efectos del virus. Espero que rectifiquen». Ejemplifica lo sucedido el 25 de abril por la fiesta del patrón local, San Marcos, cuando «se celebraron una misa y un concierto cumpliendo las medidas», pero las reuniones provocaron un nuevo repunte.

El caos jurídico tras el decaimiento del estado alarma ha provocado que la localidad granadina de Montefrío haya pasado de estar confinada a desconfinada dos veces en los últimos diez días. «No sabemos qué hacer. Hemos decidido cerrar hasta que se aclaren», comenta Francisco, dueño de un conocido restaurante. Aunque el pueblo está «desierto», explica, no son pocos los que siguen abriendo sus comercios o saliendo y entrando. «Abriremos mañana, en mi zona todos lo están haciendo; yo no salgo de mi casa, pero es lo que hay», dice otro vecino, dueño de un ultramarinos.

Aquí la odisea se remonta al 8 de mayo, cuando la Junta ordenó perimetrarlo ante la alta incidencia, que llegó a 2.000 casos por 100.000 habitantes. Ayer registraba 1.524. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tachó de «anticonstitucional e indiscriminada» la decisión. El Gobierno andaluz reordenó a los dos días aplicar las restricciones para obligar a un nuevo pronunciamiento judicial que evitara esperar al recurso interpuesto ante el Supremo. Pero el TSJA volvió a negarse, mientras otros pueblos andaluces con menor tasa de positivos, como Villamartín (Cádiz) o Castro del Río (en Córdoba), sí consiguieron ese aval judicial. La Fiscalía del TS se pronunció ayer a favor del confinamiento de Montefrío.

Entre sus vecinos reina la confusión absoluta. La pandemia no había tenido especial incidencia aquí hasta hace un mes, cuando por San Marcos las celebraciones en los cortijos desataron el primer brote. La alcaldesa montefrieña, Remedios Gámez, ha pedido a los vecinos que se autoconfinen ante el «desamparo» en el que se encuentra el municipio. «La falta de previsión –se queja– ha acabado por provocar angustia y miedo» por su salud entre muchos residentes.

Para Canarias, el cierre perimetral de las islas en niveles de alerta 3 y 4 es «fundamental». Así lo declaró el presidente regional Ángel Víctor Torres y lo avalan expertos como Amós García , presidente de la Sociedad Española de Vacunología y jefe del Servicio de Epidemiología del Gobierno autonómico. Canarias debe tener «capacidad de poder desarrollar el cierre», porque actúa de forma «eficaz y demostrada en un elemento clave, la movilidad», declaró García.

La movilidad en territorios fragmentados en caso de alta incidencia de virus y alta trazabilidad es «un problema importantísimo», y el confinamiento actúa «ante la expansión del problema con la distribución de los casos» y, por tanto, también con su seguimiento y control, añade el doctor. El toque de queda , que también fue propuesto por el Gobierno de Torres y rechazado por el Tribunal Superior (TSJC), «tiene alternativas como el cierre comercial, limitar las aglomeraciones o actuar frente a botellones», pero el cierre perimetral, subraya el especialista, «no tiene otra opción». Canarias no recurrió no poder aplicar el toque de queda, si bien y aunque en este momento no hay ninguna isla en nivel de alerta 3 y 4, sí reclama al Supremo su «potestad para implementar el cierre en caso de que sea necesario».

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias tumbó la decisión del Ejecutivo canario de mantener las medidas, y aunque el Gobierno regional ha decidido no recurrir el toque de queda sí lo ha hecho con el cierre perimetral, que considera clave.

En las última horas, Sanidad ha registrado 143 casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, con 1.998 PCR realizadas. Estos datos suponen una Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias en 41,27 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 81,67 casos por 100.000 habitantes.

La isla en peor situación vuelve a ser Tenerife, que suma hoy 75 casos con un total de 1.645 casos activos epidemiológicamente. Por su parte, Gran Canaria suma 36 casos y cuenta con 649 activos; y Lanzarote aumenta en 31 nuevos casos con 223 activos. Las tres islas están hasta el día 20 de mayo en nivel 2 de alerta.

En nivel 1, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera no suman nuevos casos, y La Palma suma solo uno en las últimas horas.

El próximo día 20 de mayo, el Consejo de Gobierno volverá a estudiar la situación de cada isla, con una evaluación de riesgo que sigue una fórmula concreta en la que intervienen varias de las características propias de la unidad territorial. Para los niveles de alerta se tienen en cuenta los indicadores relativos a la situación epidemiológica, la capacidad asistencial y la capacidad de salud pública, las características y vulnerabilidad de la población susceptible expuesta y la posibilidad de adoptar medidas de prevención y control.