Los médicos de familia objetarán para poder atender a los «sin papeles»
Un inmigrante en una cosulta médica - huertas fraile
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Los médicos de familia objetarán para poder atender a los «sin papeles»

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria defiende que la lealtad del médico al paciente debe prevalecer

JUDITH SALMERÓN MORÁN
madrid Actualizado:

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), que cuenta con unos 22.000 socios, anima a los médicos a acogerse a la objeción de conciencia para así poder seguir atendiendo a los inmigrantes «sin papeles» que actualmente sean pacientes suyos.

De esta manera, la sociedad científica muestra su rechazo al Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad de la sanidad, entre las cuales, se incluye la retirada de asistencia médica a los inmigrantes irregulares a partir de septiembre.

La disconformidad de la semFYC se plasma en un informe elaborado por su Grupo de Trabajo de Bioética, que defiende que la lealtad del médico al paciente debe prevalecer y que se ha hecho público hoy en rueda de prensa.

Conflicto ético

Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, ha señalado que dejar de atender a personas que hasta ahora habían contemplado ese derecho plantea «un conflicto ético», ya que «los médicos no podemos dejar de atender a quienes han sido nuestros pacientes».

Según ha señalado Abel Novoa, del Grupo de Bioética, el documento sostiene que el profesional médico vive diariamente con un verdadero conflicto ético, donde choca la lealtad al Servicio de Salud y la que merece el paciente. Además, ha recordado que el Real Decreto limita la asistencia sanitaria a los inmigrantes no regularizados a los casos urgentes, lo que deja en manos del médico una responsabilidad que no le corresponde: decidir sobre quién y hasta dónde un paciente tiene derecho a que se le atienda.

Los responsables de esta organización han pedido al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que modifique el Real Decreto, advirtiendo de que, si no lo hace, «la única salida que le queda al médico de familia es la objeción de conciencia», puesto que es un derecho básico, que «no puede ser perseguido por las instituciones públicas».

Los médicos de familia aseguran aceptar las limitaciones impuestas por el Gobierno para el colectivo de inmigrantes «potenciales» o «que están por venir», pero asimismo insisten en que no se puede hacer con los que ya están siendo atendidos «porque es cambiar las reglas del juego a mitad de partido». Además, se muestran en contra del turismo sanitario: «Hay que combatir el abuso, pero son dos realidades distintas».

Ya son cinco comunidades autónomas las que han anunciado su intención de seguir atendiendo a los inmigrantes a partir de septiembre: Andalucía, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco.

Red de Médicos de Familia

Lo que la semFYC propone es que el médico pueda seguir atendiendo a los inmigrantes irregulares que ya son pacientes sin perjudicar al resto de los ciudadanos. Según Novoa, «hay fórmulas para hacerlo». Por su parte, el representante del Grupo de Bioética ha concretado que «no pensamos que se pueda hacer como un trabajo caritativo, sino que debemos seguir atendiendo a los inmigrantes dentro del sistema sanitario y del horario laboral».

Desde semFYC se va a llevar a cabo información y asesoramiento a los socios que quieran objetar, prestándoles todo el apoyo necesario. De hecho, se va a crear una Red de Médicos de Familia en torno a la objeción de conciencia, la cual consiste en una especie de «registro» que recoja el deseo de los médicos que opten por objetar.

Una de las recomendaciones que incluye en el informe es la necesidad de hacer presión frente a la ley desde ámbitos muy diversos, con la finalidad, en cualquier caso, de conseguir cambiar la norma.

El doctor Basora ha reconocido, respecto a la forma en la que los «sin papeles» podrán acceder a los medicamentos básicos, que es «uno de los interrogantes que tenemos», pero que sin embargo, van a estudiar las fórmulas que se adopten en otros países.

La medida, además, va a tener tanto consecuencias económicas como organizativas, ya que la atención primaria es más barata que las urgencias y el traslado de inmigrantes desde un servicio médico a otro conlleva problemas de «colapso»