El Gobierno devuelve a las comunidades el poder de regular las lenguas cooficiales en el aula

ntre las modificaciones más destacadas se incluye la intención de «retomar la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades para la determinación del currículo de las materias, asignando entre un 55-65% al Estado en todas las etapas». Además, suprimirá la regulación del uso de la lengua cooficial «dejando que su regulación corresponda a las comunidades en las que hay lengua cooficial». Esta supresión afecta, según señala el texto, a la regulación de la exención de cursar o ser evaluado en la lengua cooficial. El Ejecutivo asume en su nueva ley una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), del pasado mes de febrero, que anuló el mecanismo que garantizaba el castellano en las aulas.

La titular de Educación, Isabel Celaá, aludió a la educación concertada en varias ocasiones. Según afirmó en el Congreso, el Gobierno no pretende atacar a la concertada, pero el servicio a las familias «no puede ser a la carta». Así, se eliminará la referencia que hace la ley a la «demanda social» , es decir, las plazas en centros públicos y privados varían en función de lo que piden los padres. Se pretende reforzar el principio de «no discriminación» por géneros en el régimen de conciertos. «Se eliminará la referencia a que la “educación diferenciada” no se considera discriminación por género», dice el texto.

Ya lo anunció Celaá en su exposición en el Congreso el pasado mes de julio: se quiere recuperar la participación de los consejos escolares. El Gobierno, según el documento, pretende «reequilibrar las competencias del Consejo Escolar y de los directores de centros públicos y concertados , aumentando la participación de aquel en las decisiones y el control del funcionamiento de los centros». También pretende mejorar el procedimiento de selección de los directores, aumentando la participación y el peso de la comunidad educativa en este.

Entre los «aspectos más lesivos», según el documento, también está la regulación de la enseñanza de la Religión. Se organizará de manera que «no exista la obligación de cursar una materia alternativa por quienes no soliciten dicha enseñanza». Además, se evitará que la calificación que pudiera obtenerse en esta materia se tenga en cuenta en el cálculo de la media en los procesos de acceso a la Universidad. No será evaluable ni para becas ni para acceder a la enseñanza superior.

Con la nueva ley se quiere «eliminar la jerarquía de materias en Primaria y Secundaria Obligatoria y sus efectos en la ordenación y evaluación». Además, se vuelve a estructurar de nuevo la Primaria en tres ciclos de dos años cada uno, se eliminan las reválidas (actualmente suspendidas) de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato. También se establece un título único de Secundaria Obligatoria y se establece que se cursará una materia sobre valores cívicos y éticos en un curso en segundo o tercer ciclo de Primaria y otro en segundo o tercero de la ESO.

También se vuelve a las pruebas de acceso a la Universidad desvinculadas y posteriores a la obtención del título de Bachiller. Además, las evaluaciones finales de sexto de Educación Primaria y cuarto de Secundaria Obligatoria se convertirán en «evaluaciones muestrales y plurianuales».

Se eliminan los «itinerarios» educativos asegurando que cualquier opción en la educación obligatoria conduzca a idéntica titulación. A juicio del Gobierno, «la segregación temprana , que da lugar a distintas titulaciones, favorece que muchos alumnos con dificultades no cursen Bachillerato, y por tanto tampoco FP de Grado Superior e incide en la brecha social». Educación propone establecer «un plan de repetición individualizado» para aquellos alumnos que, excepcionalmente, precisen de esta medida.