Sanidad ha anulado casi un millón de tarjetas, más de la mitad fuera de España

El 30% de esas tarjetas pertenecen a ciudadanos de la Unión Europea que podían utilizar el documento español como una llave de acceso para tratarse en sus países, tratamientos que después se facturarían a España. O bien, como un recurso para recibir atención médica cuando lo necesitaran en hospitales españoles donde no existe copago y la calidad asistencial está garantizada. Esas 500.000 tarjetas sanitarias en manos de ciudadanos residentes en otros países pertenecen a ciudadanos que en algún momento han vivido en nuestro país y no la han dado de baja o que la han obtenido con la ayuda de familiares que sí residen en España. A estos últimos les bastaba con empadronarse en el domicilio de un familiar para conseguirla. Viajaban para ser atendidos de forma gratuita y una vez recibido el tratamiento regresaban a su país de origen.

La reforma sanitaria que hoy ha entrado en vigor pone coto definitivamente a estas situaciones que favorecían el uso indebido del sistema sanitario, como ya denunció el Tribunal de Cuentas. Este organismo estima que poner fin a estas situaciones irregulares supondría un ahorro para las arcas del Estado de mil millones de euros anuales. Esta cifra incluye el ahorro por asistencia médica (consulta, cirugías y tratamiento hospitalario); no la factura en farmacia por lo que el ahorro esperado podría ser aún mayor. En cálculos gruesos podrían sumarse otros 600 millones de ahorro.

El informe del Tribunal de Cuentas llamaba la atención sobre numerosas irregularidades y situaciones anómalas. Por ejemplo, recogía con sorpresa cómo podía emilitir Alemania un 700% más de facturas contra España por atender a ciudadanos con tarjeta sanitaria española. O que ocurriera lo mismo con Marruecos, cuando una gran parte de la población marroquí utiliza los servicios de los hospitales cercanos de Ceuta y Melilla.

La medida de Sanidad elimina el «turismo sanitario» , pero también restringirá la asistencia sanitaria de 410.000 «sin papeles» que sí residen en nuestro país. Los límites que marca la nueva legislación les garantiza la atención completa a menores (sin ninguna diferencia respecto a los ciudadanos con tarjeta sanitaria), embarazadas y la asistencia de urgencias (sin subvención de medicamentos). También se ha asegurado la asistencia a los enfermos crónicos que estaban en tratamiento antes del 1 de septiembre y aquéllos con enfermedades de declaración obligatoria (VIH, tuberculosis, sarampión...) y trastornos mentales graves como la esquizofrenia.

Esto será válido en casi todas las comunidades autónomas (no en Galicia, Navarra, Cataluña, País Vasco, Andalucía y Asturias). Estas comunidades mantendrán la atención íntegra de sus «sin papeles», como hasta ahora estaban haciendo. A estos ciudadanos también se les desactivará la tarjeta sanitaria y se les cambiará por otro documento identificativo. De esa manera, solo podrán tener acceso a atención médica en la comunidad autónoma donde residan. Tampoco les servirá para utilizarla en otros países de la Unión Europea, como se hacía hasta ahora.

En otras comunidades, como Castilla y León y Canarias se flexibilizará la medida y se permitirá, por ejemplo, el acceso a la atención primaria. La idea que ha transmitido la ministra de Sanidad, Ana Mato, es que «nadie se quedará sin atención», aunque se pasará la factura a sus países de origen.

Otra opción para los «sin papeles» y los rentistas españoles que no coticen es hacer frente al pago de una especie de seguro médico privado con el Sistema Nacional de Salud. Una especie de «Sanitas» con atención en los hospitales públicos. El precio de esta atención será de 710,40 euros anuales -59,20 al mes- o de 1.864,8 para los mayores de 65 -155,40 mensuales-.