El colectivo LGTB+ pierde sus derechos ante el feminismo

El caso que ha motivado la denuncia es el de un miembro, integrante de este colectivo y perteneciente a la Asocación Internacional por la Diversidad Sexual y de Género. «Como miembro del colectivo LGTB+ lamento que no se tenga en cuenta nuestra autopercepción, que no se aplique la tutela judicial efectiva, que no se tenga en cuenta las pruebas que se aportan a los juicios y no se luche por erradicar los comportamientos LGTBfobos, tal y como exige la ley», escribe un integrante de este colectivo, que prefiere guardar su anonimato. Se refiere este hombre a su batalla judicial, un periplo que se ha prolongado muchos años.

Este hombre cuida a sus hijos en casa y se dedica a las labores de cuidado del hogar. La juez que debía decidir sobre la manutención exigió al progenitor, el afectado, «una pensión de alimentos», algo que no existía por estar en concurso de acreedores particular voluntario de 2010 a 2015, tal y como aparece publicado en el BOE. «El progenitor sin tener ingreso alguno desde el año 2009 tiene que pagar una pensión de alimentos que rondaba los 750 euros en 2018 y el Juzgado de Instrucción, ni la Audiencia Provincial, ni el Supremo, ni el Constitucional consideraron oportuno modificar la pensión de alimentos». La juez ha insistido, además, en sus escritos que el progenitor «oculta sus ingresos y que carece de capacidades para ocuparse de un menor», faltando el respeto al demandado, considera.

La razón es que este progenitor siempre ha asumido el rol tradicional femenino en la unidad familiar, tal y como ratificó el informe elaborado por el equipo psicosocial del propio Juzgado de 1ª Instancia, el pasado 12 de abril de 2011. Así que el afectado presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el 11 de febrero de este año y una semana después recibió respuesta: el CGPJ respondió que no podía intervenir en asuntos judicializados. Según este afectado, la discriminación al colectivo LGTB+ no está encontrando eco por parte de los jueces . «Hay diferentes clases o niveles dentro de los colectivos discriminados y el orden de importancia del colectivo lo determina el nivel de subvenciones que recibe del Estado», opina.

Y lanza las siguientes preguntas al aire, para que las reciba quien desee y pueda contestar: «¿De todo el dinero que el Estado destina a proteger al colectivo LGTB+, cuánto realmente llega a las víctimas por la LGTBfobia? ¿Cuánto dinero está recibiendo cada miembro del colectivo LGTB+? ¿Está siendo efectivo o no es más que postureo y reparto de las subvenciones para la red clientelar? ¿Cuántas sentencias condenatorias hay por LGTBfobia?».