El Defensor del Paciente elabora un «decálogo» para evitar una lista de espera prolongada en la sanidad

Según una nota de la entidad, en los casos en los que el médico haya asignado la condición de «preferente» al paciente no habrá lista de espera «de más de una semana, ya que el profesional considera que puede ser grave». Las citas preferentes no deben exceder de 7-10 días; si fueran urgentes no deben superar 1-3 días y «todo lo que exceda de ese tiempo es reclamable e incluso denunciable», aclara el comunicado.

Si en estos casos no se cumplieran los plazos, el «decálogo» recomienda «realizar un escrito al centro de salud u hospital dejando constancia de que a partir de la fecha no es adelantada la cita todo el agravamiento será de su responsabilidad».

Si se trata de un paciente «preferente» con un caso «urgente», el consejo es que, si su cita no es adelantada, debería advertir que acudirá a la sanidad privada con cargo a la Administración, lo cual deberá hacer sólo «en caso de urgencia», pues de otra forma no recibirá el reintegro de los gastos.

Un paciente que precise intervención quirúrgica deberá solicitar la fecha en que es puesto en lista de espera , el «tiempo previsible» en que estará en ella y la opinión del médico acerca de «el tiempo que él recomienda para la intervención». «Si la espera es para tratamiento o estudio de diagnóstico, la espera no debe superar los dos meses; de lo contrario (se debe) dejar constancia por escrito del posible agravamiento de la patología que aún se desconoce», afirma.

Otro de los consejos dice que deberá ser denunciada ante los tribunales, «por denegación de asistencia», la espera superior a un mes para patologías ya diagnosticadas como cáncer o cardiología.

Si el paciente llevara más de tres meses esperando para una intervención urgente «se puede acudir a la (sanidad) privada» con cargo a la pública, «pero hay que recordar que debe tratarse de urgencia vital», que supone que si el paciente no es operado «se agravara hasta poder perder la vida». El Defensor recomienda que si la sanidad pública le ofrece a un paciente un hospital privado para una intervención y éste no estuviera de acuerdo, debe «negarse por escrito», y que si después de la cirugía es dado de alta «sin estar en condiciones» el paciente deberá «dejar por escrito la disconformidad».

El último «consejo» recomienda al paciente informar al Defensor del Paciente en el caso de que no sea escuchado o sea mantenido en espera encontrándose mal.