Cómo frenar el despido de más de 300.000 empleados públicos interinos

El objetivo del plan de estabilidad -que se basa en un acuerdo entre el Gobierno central y los sindicatos mayoritarios -, busca de fondo un bien común, explican los afectados: acabar con el altísimo número de trabajadores temporales del Estado, las autonomías y las entidades locales. La meta es que la tasa se reduzca al 8%, de modo que el 92% restantes (300.000 o 600.000, depende de si el cálculo lo hace el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o la asociación de interinos que ha recurrido el acuerdo), se vayan a la calle y que sus plazas salgan a oposición pública. El problema, denuncian los afectados, es que no se tiene en cuenta la antigüedad de los interinos para acceder a las plazas que se van a sacar a libre oposición. Deberán competir en igualdad con el resto de candidatos sin contar el tiempo de servicio.

De momento, la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL), presidida por el abogado gaditano Manuel Martos , ha recurrido el acuerdo y, como ya contó ABC de Sevilla, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el proceso.

Y en el caso del punto 19 del Presupuesto General, hay más movimientos contra la normativa. Según recoge el diario de sesiones del Congreso de los Diputados del pasado 12 de mayo, hasta 40 enmiendas buscan que el polémico punto se anule o, al menos, se cambie su redacción. Y las hay de todos los colores: rojas, azules y moradas. PP, PSOE, Podemos , Esquerra Republicana y el Grupo Mixto se oponen de una forma u otra a la forma al apartado 19.

El objetivo, a la postre, explican fuentes cercanas al caso, es que se reconozcan los derechos adquiridos de los interinos para optar a su plaza por estar ya ejerciendo esas funciones. De hecho, señalan desde ANIL, el PP ha modificado su postura. Pretenden, explica Manuel Martos , que la medida solo afecte al personal laboral que acumula contratos por obra y servicio.

«Nosotros queremos que se celebre un concurso-oposición en el que se reconozca la antigüedad de los interinos o que haya un acceso diferenciados para ellos», explica Martos.

La clave del asunto está en la convocatoria de las oposiciones. Es algo a lo que está obligado el Gobierno por el Estatuto Básico del Empleo Público. « Nosotros queremos que se convoquen las plazas . No nos oponemos», aclaran desde ANIL. «Pero con garanías para los interinos».

Así las cosas, queda por ver qué pasará con las enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios . De no prosperar y seguir la Ley de Presupuestos tal y como figura a día de hoy, desde la ANIL avisan: «La vamos a tumbar. Iremos a los tribunales».