Comunidades de PP y PSOE se alían para librar la batalla de la financiación al margen de Moncloa y Génova

El Gobierno toma posiciones para aguantar el pulso regional. Con una estrategia en tres pasos: enfriar la sensación de premura, avanzar alguna medida y vincular desde el primer momento al Partido Popular para trasladar la responsabilidad de que el debate no tenga una resolución inmediata.

El anterior modelo se aprobó en el año 2009, y está pendiente de renovación desde 2014. Ni los últimos gobiernos de Mariano Rajoy ni los de Pedro Sánchez han podido desatascar la situación. El hecho de que el escenario electoral asome ya a medio plazo ha hecho que los Gobiernos regionales coloquen este asunto de nuevo en el tapete. Y lo han hecho con un repliegue nítido hacia sus necesidades territoriales, abandonando en su mayoría consignas partidistas. Un clásico en los debates sobre la financiación autonómica. Pero que había perdido intensidad en los últimos años.

Esta semana se han visibilizado alianzas transversales entre las regiones. Con un nivel de conexión entre los diferentes mandatarios que está muy lejos del actual estado de las relaciones entre las direcciones nacionales del PP y el PSOE . El Gobierno vive este debate con angustia porque se interpreta como «tremendamente complicado» poder cerrar un acuerdo sobre esta cuestión, asegura un miembro del Gobierno. En esa convicción se enmarcan las palabras de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño , que durante su jornada del pasado jueves en Valencia echaba un jarro de agua fría en las pretensiones de una región cuya infrafinanciación reconocen todos los estudios en la materia. Calviño aseguró que la «prioridad» ahora del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero es la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado . Derivando la resolución de esta cuestión a los «próximos años».

Sus palabras causaron preocupación en el mundo político y empresarial valenciano. «Dijo lo que tenía que decir, porque tener un nuevo modelo no será inmediato», descargan en el Ejecutivo. Desde varias comunidades reivindican, pese a sus diferencias, que hay una cosa que tiene que cambiar: el peso de las comunidades en el gasto público tiene que aumentar porque afrontan las prestaciones más caras y de carácter estructural. El Ejecutivo justifica el retraso en que la pandemia echó al traste la hoja de ruta que se había creado. Pero no se quiere trasladar la idea de que el Gobierno no trabaja en la cuestión. Se asegura desde el Ministerio de Hacienda que «en principio en el mes de noviembre» se pondrá encima de la mesa una propuesta que sirva de base para empezar la negociación .

Lo que se presentará en el mes de noviembre será una propuesta sobre población ajustada. Es la clave de todo, determinar qué variables (demografía, densidad de población, insularidad, envejecimiento poblacional o volumen de población) y cuánto pesa cada una en la fórmula utilizada. Hacienda ya se prepara para ese momento: «Cada uno quiere que la variable que le beneficie sea la que más pese. Aquí se trata de establecer un criterio que no contente al cien por cien a nadie», dicen fuentes gubernamentales.

Pero en el Gobierno, en esto como en casi todo, se descargan de la responsabilidad anticipando las dificultades por alcanzar un acuerdo: «El objetivo es aprobar la reforma, pero para eso es necesario también la voluntad del PP», dicen en el Gobierno. En el Gobierno dicen no encontrar el clima como para alcanzar un acuerdo de esa magnitud con Pablo Casado . «Lo veo imposible». Ahora el pulso se encuentra en una fase anterior. En la tensión entre las regiones más urbanas y pobladas y las que tienen una estructura más rural con tendencia al envejecimiento y la dispersión. Un movimiento al margen de las siglas que ni Moncloa ni Génova parecen en condiciones de controlar.