El Consejo de la UE prohíbe la comercialización de productos de la pesca procedentes de países responsables de pesca ilegal

La pesca INDNR agota los stocks pesqueros, daña los ecosistemas marinos, ejerce competencia desleal sobre los pescadores legales y pone en peligro el sustento de algunas de las sociedades más vulnerables del mundo. Se estima que cuesta entre 7.000 y 17.000 millones de euros al año y representa entre 11 y 26 millones de toneladas de capturas, detalla en una nota conjunta Environmental Justice Foundation (EJF) , Oceana , The Pew Charitable Trusts y WWF .

Las cuatro ONGs han aplaudido el liderazgo mostrado por la comisaria de Asuntos Marítimos y Pesca, Maria Damanaki. Pero han pedido mayor transparencia en el modo en que la Unión Europea (UE) evalúa los esfuerzos de terceros países para combatir la pesca ilegal.

Asimismo, han animado a la UE a acabar con el vacío legal que permite a estados no comunitarios pescar en aguas de los países excluidos y exportar sus capturas a la UE, y a que trabaje con los Estados Miembros en redoblar los esfuerzos para que el pescado capturado de manera ilegal no llegue al plato del consumidor europeo.

Belice, Camboya y Guinea ya se encontraban entre ocho estados identificados por la Comisión Europea (CE) en noviembre de 2012 por monitorizar de forma inadecuada sus flotas pesqueras, descuidar la imposición de sanciones a operadores ilegales y no promulgar leyes pesqueras estrictas. En 2013, la CE anunció que Fiyi, Panamá, Sri Lanka, Togo y Vanuatu habían mejorado, pero Belice, Camboya y Guinea no.

«El reglamento INDNR de la UE es la legislación más avanzada del mundo en este campo y ya hay señales de que las localidades costeras de África Occidental están viendo los beneficios de la acción de la UE contra los buques y estados de abanderamiento infractores», ha manifestado Steve Trent, director ejecutivo de EJF.