Cienciocracia: ciencia para gobernar

En el JRC trabajan unas 2.800 personas de toda Europa, de las cuales un 75% son científicos repartidos en siete centros especializados. Uno de ellos, el Instituto de Prospectiva Tecnológica (IPTS) con sede en Sevilla . «En el año 94 llegaron menos de dos docenas de personas al centro. Ahora somos 270, llegados desde 33 países, aproximadamente un tercio del personal aquí son funcionarios y los otros dos somos científicos. Cambiamos constantemente de gente», dice Ramón Compañó, Director de Programas del IPTS.

«Contribuimos a todas las partes del ciclo de políticas: anticipación, evaluación, formulación e implementación . Nos planteamos, por ejemplo, ¿qué pasaría si mañana se cerrara el estrecho de Ormuz?», apunta Compañó.

Las preguntas que los científicos del JRC responden, bien a petición de la CE o por iniciativa propia, incluyen otras como: ¿Qué ocurriría si desmanteláramos los reactores nucleares de todo el continente? ¿Deben permitirse los organismos modificados genéticamente ? ¿Será viable explotar el gas de esquisto en nuestros países?

«La manera de hacer buenas políticas tiene que estar basada en evidencias y datos concretos » dice Compañó, «no entramos en si se toma una u otra decisión, somos científicos y somos independientes. Estamos fuera de la discusión entre países, partidos o intereses comerciales». Además, la gran totalidad de los informes son públicos y transparentes. «Sólo somos confidenciales en cuanto a la fuente que nos da los datos», dice el investigador del IPTS.

Elaborar los detallados informes técnicos suele llevar varios años a los investigadores del JRC. El resultado del trabajo se condensa en un documento llamado «JRC Reference Report» que se entrega, perfectamente encuadernado, a los miembros de la CE para guiar su toma de decisiones .

Fundamentos sólidos

El informe del JRC no es vinculante , aunque «siempre se vota si incluir los datos técnicos en las leyes y, hasta ahora, siempre ha sido positivo», dice el francés Serge Roudier, investigador del IPTS. La política asistida por la ciencia «es un proceso que se está imitando, porque se basa sobre fundamentos sólidos y garantiza un nivel de consenso muy alto », dice Roudier.

El apoyo científico a la democracia tiene sentido en un contexto de leyes a largo plazoBasar las leyes en informes técnicos cuya elaboración requiere varios años no parece demasiado intuitivo si uno se basa en el ejemplo español, con gobiernos que ejecutan reformas y contrarreformas cada pocos años en temas capitales como educación o mercado laboral. Pero este apoyo científico a la democracia sí tiene sentido en un contexto de leyes a largo plazo.

«Hasta ahora, los programas tenían una duración máxima de 5 a 10 años -dice Roudier- los nuevos programas, como el 7º Programa de Acción Medioambiental que se está preparando ahora, son más ambiciosos y con un desarrollo más largo, hasta 2050 ». En este contexto, emplear 5 años en asentar científicamente las bases de una legislación para las próximas 4 décadas (aunque los planes incluyen una revisión cada 10 años ) cobra mucho sentido. Estas reuniones -apunta- «no son sencillas, y más teniendo en cuenta cómo está Europa».