Las víctimas de accidentes de tráfico se sienten discriminadas por el gobierno frente a las aseguradoras

Este documento es de «vital importancia para ellos» porque contiene el cálculo de las bases actuariales utilizadas para la valoración de los daños y perjuicios causados en accidentes de circulación. Con él se deduce su renta vitalicia, la ayuda de una tercera persona o los gastos sanitarios que va a necesitar a futuro en función de los años de vida que le quedan al lesionado, explican desde ANAVA-RC.

Este retraso se suma al retraso de la modificación del baremo según el informe razonado de la comisión de seguimiento hecho público desde hace más de un año y que tampoco se ha implantado, por lo que desde este colectivo se consideran discriminados respecto a las compañías aseguradoras.

Dichas tablas están vinculadas al Salario Mínimo Interprofesional que ahora es un 50% más alto que cuando se realizaron. Se ha pasado de 600 euros mensuales a los 1.000 euros actuales. «Este Gobierno, de corte progresista, a través de la DGS prometió actualizarlo, pero no le pone mucho interés. Tanto es así que según fuentes del sector asegurador las nuevas bases técnicas representan un aumento de las indemnizaciones en cerca de 90 millones de euros. El no haber entrado en vigor desde el 1 de enero de 2022 les ha supuesto un ahorro a las compañías aseguradoras de unos 45 millones y cada mes de retraso otros 7´5 millones que lo están dejando de cobrar los lesionados con graves secuelas», asegura Manuel Castellanos, presidente de ANAVA-RC.

Dicho proyecto obra finalizado desde diciembre de 2021 en el ministerio de la señora Calviño y se dijo que sufriría un retraso de 6 meses para ajustar los incrementos que este Gobierno ha realizado con muy buen criterio al Salario Mínimo Interprofesional e incremento de las pensiones, pero lo cierto es que se continúa sin esta importante actualización con los consiguientes perjuicios para las víctimas de accidentes de tráfico.

Para los abogados «esta situación es más que indignante y urgimos al Gobierno a actualizar las bases técnicas que se debían haber realizado a los 3 años de la publicación de la Ley del 2015 y no se hizo. Después aseguraron que tendrían lugar a los 5 años como máximo y han pasado 6 y tampoco se han actualizado. Finalmente se terminaron en la Comisión de seguimiento en 2021 con acuerdo de todas las partes para entrar en vigor el 1 de enero y seguimos sin publicar nada. A continuación, la DGS comunicó que sufriría un retraso de 6 meses con entrada en vigor el 1 de julio y aquí seguimos esperando. Consideramos que esto ya es una tomadura de pelo a los ciudadanos y, en especial, a las víctimas de accidentes con graves secuelas. Con este sorprendente retraso son las compañías aseguradoras las que, una vez más, salen beneficiadas en perjuicio de las víctimas», continúa Castellanos.

Según Castellanos, el Gobierno «no parece entender que a pesar de que estas víctimas son las menos en nuestro país y representen un minúsculo porcentaje de la siniestrabilidad total del automóvil, tiene todo el sentido especialmente para ellas, que se actualice el sistema de protección, indemnización y solidaridad que desde Europa se reclamó y que culminó con la última reforma del Sistema con la Ley 35/2015».

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A ello se suma, según denuncian, que la propia Ley que publicaba el nuevo baremo establecía en su Disposición Adicional Segunda, que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones promoverá, en su caso, las modificaciones que considere convenientes, habiéndose publicado desde hace más de un año un informe razonado elaborado por la Comisión de Expertos con mejoras sustanciales en el baremo, entre ellas, cincuenta en las que están de acuerdo las víctimas y el sector asegurador, que redundarán en beneficio de los perjudicados por accidentes y que tampoco se han implantado por la desidia de la administración.