Adiós a la picaresca para esconder fallos en la ITV

Además, la nueva legislación, que persigue el doble objetivo de mejorar la seguridad vial y la protección del medio ambiente, permitirá a los conductores repetir el examen en otra estación de cualquier comunidad autónoma en caso de que resulte fallida en primera instancia. Asimismo, posibilitará anticipar la realización del examen técnico hasta un mes respecto a la fecha límite, sin afectar, como hasta ahora, a la fecha de la siguiente revisión, que no se adelantará.

«La reforma es positiva para los usuarios porque, entre otras cosas, podrán elegir la estación de la Unión Europea que más le convenga para efectuar la prueba», explica Mario Arnaldo , presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Arnaldo también valora que se simplifique al máximo la posibilidad de repetir la prueba en otra estación diferente si en primera instancia el vehículo la suspende por deficiencias graves, algo que hasta ahora requería de un farragoso trámite. «Todas las estaciones actúan siguiendo el manual de procedimiento del Ministerio de Industria, por lo que no tenía sentido que si las normas están estandarizadas no se pueda optar por otra».

También la ve con buenos ojos la mayor parte del sector, ya que considera que la nueva normativa les da herramientas para realizar una inspección más completa y dificultar la picaresca de algunos usuarios. Hasta ahora, la única forma de detectar algunos fallos era mediante los testigos del salpicadero, lo que en palabras de Luis Rivas , presidente de AECA, la patronal de las ITV, «era insuficiente» ya que su manipulación resulta «muy sencilla».

De ahora en adelante, el técnico -que deberá tener, como mínimo, la titulación de Técnico Superior en Automoción-, se conectará al ordenador de a bordo del vehículo a través del puerto OBD (obligatorio para todos los vehículos vendidos en Europa a partir de 2003 y utilizado por los talleres para encontrar fallos mecánicos o eléctrónicos), por lo que la inspección será más completa y más rigurosa, y se dificultarán prácticas como la reprogramación de las centralitas para alterar el rendimiento del motor. También se reforzará el control sobre las emisiones, lo que según Rivas evitará « engaños que perjudiquen el estado de salud de las personas ».

La nueva prueba complicará así la repetición de escándalos como el denominado «Dieselgate», destapado en 2015, que reveló el trucaje masivo de las emisiones de los motores diésel por parte de algunos fabricantes. No obstante, los expertos niegan que el examen vaya a ser más riguroso. «No se trata de un endurecimiento de la prueba, porque este ya se ha ido produciendo en los últimos años, sino de poner los mecanismos para evitar trampas, que hasta ahora no se detectaban por la falta de herramientas», resume Arnaldo.

Lo que no se modificarán, al menos por ahora, son los plazos para realizar la inspección. Los turismos privados seguirán estando exentos de pasar la prueba durante los primeros cuatro años, deberán realizarla bianualmente a partir del quinto año, y anualmente tras el décimo. Tampoco se homogeneizarán los precios entre las estaciones situadas en comunidades autónomas diferentes (una brecha que, según la OCU, supera en algunos casos el 80% ), ni se modificará el actual régimen de concesión o autorización según la comunidad autónoma. Además, no se permitirá efectuar la inspección en concesionarios y talleres, algo que demandaban asociaciones como Ganvam, la patronal del sector. «[La exlusividad de las ITV] es una garantía para el usuario, que se asegura así de la imparcialidad del examen», defiende Rivas. «A nosotros nos convence más que la evaluación la realice un operador independiente», coincide Arnaldo.

El año pasado las 464 estaciones de ITV españolas revisaron 19.509.380 vehículos, de los cuales un 18,77% fueron rechazados. La mayoría (24,1%) por fallos en el alumbrado y la señalización, problemas en los ejes, ruedas, neumáticos y suspensión (21,7%), frenos (14,7%) y emisiones contaminantes (13,3%). Según un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid, las inspecciones de vehículos evitan anualmente en España cerca de 11.000 accidentes, y más 170 víctimas mortales.