La investigación sobre Flores revela que sí tiene dinero y que lo mueve a través de sociedades

Fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que una de esas sociedades interpuestas es la que explota un gimnasio situado en el distrito de Chamartín .

Flores era en 2011 el administrador único de esta sociedad, pero cuando los trabajadores le demandaron en el juzgado por despido improcedente, transfirió las participaciones a otra compañía. Las mismas fuentes han indicado que el empresario realizaría sus movimientos a través de un testaferro , que plasma su firma en las diferentes sociedades a través de las que el empresario sigue obteniendo beneficios por diferentes eventos.

Pese a ello, las hasta 20 cuentas bancarias que posee el empresario están vacías, como se conoció en el marco de la instrucción del caso Madrid Arena . Además, dichas fuentes han apuntado que sigue organizando fiestas y eventos bajo estas sociedades, ya que «nadie quiere contratar» con Diviertt desde el trágico suceso.

Así lo ha destapado la investigación que se abrió hace un mes contra el organizador de la fiesta de Halloween y cuyo secreto se levantó ayer mismo. El contenido de la pieza ha sido notificada esta mañana a los abogados personados en la causa.

Flores se encuentra en libertad provisional bajo fianza de 200.000 euros, una cuantía que se abonó a través de la escritura de los bienes de un socio. En contra de las acusaciones particulares, la Fiscalía de Madrid entiende que no se cumplen los requisitos para solicitar el ingreso en prisión del empresario.

En un auto fechado el pasado 22 de mayo constaba la apertura de una pieza separada a los efectos de averiguación patrimonial. El pasado abril, el juez ya ofició a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional ( UDEF ) a los efectos de que informen a este juzgado sobre posibles movimientos patrimoniales que se hayan podido producir respecto a Flores y a su hermano José María.

En los fundamentos de derecho, el juez explicaba que es necesario para la investigación que se tenga exacto y puntual conocimiento de los movimientos económicos de los imputados a los efectos de comprobar «si se están produciendo actividades, inversiones o desinversiones que pudieran revelar la intención de abandonar el territorio español y sustraerse de la acción de la Justicia».

Además, señala que «el periodo investigado deberá referirse a los últimos cinco años para poder determinar comparativamente la situación patrimonial de los imputados antes y después» de la fiesta