De Lara prolonga la incertidumbre política y judicial de Besteiro

La reacción del secretario general socialista no se hizo esperar. A través de un comunicado, califica la resolución de la magistrada de «injustificable ya que el propio juzgado reconoce que no dispone de los datos bancarios que necesita, ni sabe cómo es el proceso de redacción y aprobación de un convenio urbanístico, después de las gravísimas imputaciones realizadas». Además contrapone el hecho de que «esta misma semana sí se practicaron otras declaraciones de imputados sin que la referida documentación estuviese en el juzgado».

Con respecto a la falta de documentos patrimoniales y bancarios que alega el Juzgado, Besteiro apunta que «precisamente dicha documentación iba a ser aportada por mí en la declaración, en la que se justifica la procedencia de hasta el último euro de las cantidades abonadas tanto por la compra de nuestro piso como por la obra de reforma realizada». Finalmente, Besteiro asegura que «ante la absoluta certeza de mi inocencia, estaba deseando comparecer para dar explicaciones y aportar esta documentación que elimina cualquier sospecha o indicio de delito alguno cometido por mí».

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, César Luena, se anticipó a la decisión de la juez y glosó la situación del barón gallego. El número dos socialista señaló que el partido cumplirá con Gómez Besteiro su Código Ético, que marca la línea roja para expulsar a un dirigente imputado cuando se le abra juicio oral. Luena aseguró que a Pedro Sánchez «no le temblará la mano con la corrupción», pero aclaró: «A Pedro Sánchez no le temblará la mano, pero dejemos a Besteiro defenderse y probar su inocencia» Finalmente aclaró que será la justicia y el Código Ético los que decidan la permanencia o no de Besteiro.

El PP de Lugo sacó adelante ayer en el pleno municipal una moción para la creación de una comisión no permanente sobre la urbanización del Garañón, con los votos a favor de los nueve concejales del PP, el rechazo de los ocho concejales socialistas y la abstención de Lugonovo, BNG, Ciudadanos y Alternativa Cidadá de Esquerdas. La moción de los populares estipula la creación de una comisión «que garantice la defensa de los intereses de los lucenses ante la posible responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento , derivada de la firma del convenio de O Garañon» en 2005.

El portavoz del Grupo Municipal del PP, Jaime Castiñeira, explicó que el objetivo de la comisión debe ser «buscar el modo de derribar las torres de O Garañón sin coste alguno para la ciudadanía de Lugo».