La defensa del líder del PSdeG insinúa que la juez De Lara prevaricó al imputarlo

El escrito, de 46 páginas y que firman los letrados Javier Sánchez-Vera y Cándido Conde-Pumpido Varela , arranca afeando a la juez que la providencia por la que se imputa a Besteiro les es remitida once días después de que se firmara y, como es habitual, se publicara en los medios de comunicación.

En los primeros cuarenta folios, los abogados ponen de relieve lo que a su juicio es un sumatorio de causas de nulidad , tales como la vulneración del juez predeterminado por la ley o la reutilización de elementos en la investigación que ya habían sido objeto de archivo por otro órgano. Por el camino, espolvorean acusaciones al sumario por «caos competencial», «vulneraciones del secreto» o por incurrir en decisiones «sin la más mínima sujeción a normas».

Y una puntilla final: le recuerdan que Besteiro no puede ser imputado en aplicación de la última reforma procesal —vigente desde el 1 de julio, dos días antes del auto que lo cita a declarar—, sino que su condición es de «investigado».

No es hasta el final cuando la defensa del líder socialista entra en el fondo del asunto, que gira alrededor de la compra de su piso, su posterior reforma y la relación que esto pudiera tener con la aprobación de un desarrollo urbanístico en la zona del Garañón en la época en que Besteiro era concejal en Lugo. Según el escrito, « no constan indicios de que el piso fue un regalo sino que fue pagado en su totalidad» —de ahí el presunto cohecho que imputa De Lara— , sino que además fue «una mala inversión puesto que las deficiencias en las obras dieron lugar al retraso en el pago y al malestar por el pago de unas reformas que se fueron de presupuesto».

Según la defensa, el único error imputable a Besteiro fue haber firmado la licencia de obras del que iba a ser su piso , aunque la limitan a una «cuestión accesoria», ya que estas autorizaciones «tienen carácter reglado» en base a unos requisitos. Además, justifican que la factura de las obras se presentara cinco años después de las mismas por las «deficiencias».

En su actuación como concejal de urbanismo ante el desarrollo del Garañón, los abogados no entienden cometido ningún delito por el hecho de que el Ayuntamiento de Lugo firmara un convenio , y ven como «legal» que se aprobara un día antes de la entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo. «No se describe qué perjuicio causó el citado convenio» , añaden, «si se siguió todo el procedimiento administrativo y en el mismo existen informes técnicos favorables, nos encontramos ante una decisión política cuyo control escapa de la jurisdicción».

Y una perla final a la instructora: «No deja de resultar curioso cómo la imputación ha dormido el sueño de los justos durante varios años (...) para reactivarse justo en el momento anterior a que el aforamiento [en el Senado] impidiese a la magistrada proceder» contra Besteiro «sin un control de imputación por un órgano superior que ahora se hace necesario».