La Fiscalía critica que las partes filtren «versiones distorsionadas» a los medios

El apartado de la comunicación es uno de los que observará con más detalle en un momento en el que los medios de comunicación se afanan en publicar información sobre numerosos casos, en especial los vinculados con la corrupción. «Es una de las partes que es necesario avanzar en el ámbito de la función de la Fiscalía en Galicia», en la que ha reconocido su «interés en solucionarla» pues sabe que en muchos procesos son los abogados de las partes los que atienden a los periodistas y ofrecen unos datos que podrían no garantizar la neutralidad.

Por ello, ha dicho, «merece ser estudiada con detenimiento y en determinados supuestos que sea el Ministerio Fiscal el que suministre la información para que no sea otra parte la que dé la versión distorsionada», ha apuntado. El fiscal superior de Galicia ha abordado asimismo otros asuntos relativos al proceso, como cuando se decreta el secreto de sumario y no se debe proporcionar ningún dato, o cuando se levanta este secreto y es necesario aclarar «qué es lo que se puede y lo que no se puede dar».

«Entendemos que no todo puede darse. El hecho de que no esté declarado el secreto de sumario no significa que esté todo visible para el ciudadano . Los cauces exigen un cierto respeto», ha dicho. Posteriormente, con la apertura del juicio oral, «ya es perfectamente visible el escrito de acusación» y es el momento en que se pueden publicar los detalles hasta ese momento secretos. «Los medios de comunicación entienden que todo lo que está en un proceso en que no se haya decretado el secreto de sumario se puede dar. Uno de los problemas que hay en el ámbito judicial español es que se tiene la percepción de que todo se puede publicar », ha abundado. Por ello, espera «poner de acuerdo» a todos los fiscales gallegos en uno de los «objetivos importantes» de su mandato para evitar ciertas problemáticas actuales.

Durante su intervención, el fiscal ha aclarado lo que significa la condición de imputado , que supone que un juez cite a una persona contra la que exista una denuncia, una querella «o algún indicio racional de la comisión de un delito», por lo que «tiene unas garantías procesales». Consultado por si piensa que los imputados deben estar apartados de los cargos públicos, explica que «la Fiscalía no es un referente ético de la sociedad ni impone códigos éticos a nadie» , por lo que «cada grupo profesional, cada entidad, ha de regular eso de la manera que estime oportuna».