Puntilla a un mandato del concello al juzgado

La paradoja del Ayuntamiento es que a la par que las imputaciones individuales, se produjeron imputaciones colectivas de los miembros de la junta de gobierno. Muy pocos quedaron a salvo de la acción investigadora de la Justicia y los distintos procedimientos se cobraron piezas como la concejala de Urbanismo, Áurea Soto , o el propio regidor de la ciudad, Francisco Rodríguez.

Los casos tienen distinta naturaleza, afectan a diferentes ediles y reciben nombres de lo más curioso: «caso del Matadero», prevaricación por conceder licencia para el derribo de un muro; «asistencias técnicas», prevaricación y malversación por enchufes de personal externo contratado; «ayuda a domicilio», se estudian las contrataciones y el pago de los servicios; «calle Bedoya», presunto delito de prevaricación por la adjudicación de una obra; «plaza Paz Novoa», prevaricación por la concesión de una obra sin publicidad; «aceras de la casa del alcalde», se estudia el pago de unas obras de urbanización a costa de los fondos del Plan E ... La lista se completa con casos como la «operación Pokemon» y el nombramiento de Carmen Dacosta como directora de Recursos Humanos del Concello.

Lejos de establecer un cortafuegos, desde el inicio de la crisis judicial el gobierno local actuó defendiéndose y se consideró víctima de un ataque de la oposición y de «una instrumentalización de la Justicia». La seguridad del alcalde en la inocencia de los suyos provocó intervenciones de Agustín Fernández ante líderes federales socialistas como Pedro Zerolo, Pedro Sánchez... en las que hablaba «de un campo de minas para acabar con la transformación urbanística y social de Orense». También en una entrevista reciente con ABC, el regidor aseguró que «no va a haber una sola condena por corrupción» y reiteró que «el mejor alcalde de la ciudad ha sido Francisco Rodríguez». Sin embargo, el candidato socialista, José Ángel Vázquez Barquero, rechazó incluir candidatos imputados en sus listas electorales y ahora se ha visto sorprendido por esta decisión de la Fiscalía que puede condicionar su candidatura a la Alcaldía.

La constante presencia en el juzgado de los ediles socialistas orensanos se simultaneó con un férreo marcaje de la oposición. Cada pleno se convirtió en una especie de rendición de cuentas en los que sobrevolaba la sombra de la sospecha y la defensa numantina del alcalde. Todo se sazonaba con expulsiones del salón noble y cruces de insultos y descalificaciones entre los miembros de la corporación.

El desarrollo de las investigaciones ha liberado al regidor de algunas imputaciones como la urbanización de la calle Bedoya, pero se mantienen focos importantes abiertos como la ayuda a domicilio o la «operación Pokemon». Además, la crisis municipal va pareja a una quiebra de la organización socialista orensana . Alineados en dos grupos irreconciliables, la división es visible y propicia incidentes como la suspensión de militancia de cinco concejales, las ausencia de notables en actos de partido o declaraciones plagadas de reproches.