Los concellos que no pagan a Sogama son ya sólo el 4,24 por ciento de su facturación

Luis Álvarez, portavoz del Ayuntamiento lucense, afirmó este miércoles que abonarán el importe adeudado (1,4 millones de euros entre abril y septiembre) porque así lo han recomendado sus técnicos, pero lo cierto es que su actitud en público y en privado a lo largo de este año ha sido muy distinta. Ante los micrófonos, pregonaron su rebeldía para rechazar el canon, pero por escrito argumentaban dificultades económicas al tener los presupuestos prorrogados, ante lo que pedían un recibo desglosado inviable.

Según informan a ABC desde Sogama, se le ofrecieron facilidades de pago que otros concellos sí aceptaron. También alegaban que se encontraban a la espera de un informe jurídico, que se ha retrasado meses porque conocían el resultado. El incremento del 34 por ciento del canon se incluyó en los presupuestos de 2014, por lo que las opciones de saltarse la ley eran escasas y abocaba a impugnarla ante el Tribunal Constitucional.

«La situación ha mejorado mucho», explica a este diario Luis Lamas, presidente de la empresa de residuos, quien además daba «por descontado» que Lugo terminaría entrando en razón. «Lo importante no es ya tanto el número de ayuntamientos que sigue sin pagar como sí lo que eso representa sobre la facturación —que no llega ni al cinco por ciento—. Eso quiere decir que realmente es una minoría. Su peso es mínimo». La claudicación pública de Lugo es tan relevante que antes de hacerlo, el impacto en la facturación de Sogama ascendía al 10 por ciento, una cifra no obstante muy alejada de la oleada de protestas de los alcaldes.

La capital lucense no ha sido la única que ha recurrido a este doble juego para intentar crear un conflicto político con la Xunta, de quien depende Sogama. También la pontevedresa A Illa de Arousa lo ha hecho. La semana pasada publicitaba que continuaba sin pagar y ese mismo día enviaba una estimación ante los recursos de reposición de la empresa pública.

Entre quienes están cumpliendo con el pago —y por ende aceptando la subida del canon, que en 2015 volverá a bajar un 10 por ciento — están dos ayuntamientos claves en este conflicto: Allariz (que inicialmente se había resistido) y O Barco de Valdeorras, cuyos regidores ocupan dos vicepresidencias de la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) por parte del BNG y del PSdeG. En general, se entiende que las alegaciones a los presupuestos municipales de Orense por no atender al canon ha provocado un efecto positivo para disolver esta guerrilla.