Los siete ediles de Santiago insisten en la legalidad del acuerdo adoptado para pagar la defensa al edil Adrián Varela

El primero en llegar a los juzgados fue el concejal de Vías y Obras de Santiago, Juan de la Fuente, que aseguró, en breves declaraciones a los medios, estar «tranquilo» y «confiando en la justicia». Posteriormente llegó al edificio de Fontiñas el concejal de Seguridad Ciudadana, Luis García Bello, acompañado por un grupo de amigos y familiares que protagonizaron un momento de tensión con las personas allí congregadas que increpaban al edil a gritos de «chupones» y «corruptos».

Por separado también han llegado al edificio judicial María Castelao, concejala de Educación; Amelia González, responsable de Personal, y Francisco Noya, edil de Fiestas. Las últimas en acceder al juzgado han sido la concejala de Hacienda, Cecilia Sierra, y la portavoz municipal, María Pardo, que han llegado juntas para sentarse en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago. A su entrada, con actitud relajada, María Pardo ha respondido a preguntas de los medios indicando, brevemente, que se encontraba «tranquila no, cabreada».

El regidor de Santiago, Ángel Currás , la teniente de alcalde, Reyes Leis, y el exregidor, Gerardo Conde Roa, han acudido también a los juzgados en señal de apoyo a los concejales.

Además de los siete procesados , este lunes están citados un testigo por parte del fiscal y seis testigos que aporta la defensa. La primera en declarar fue Amelia González, concejala de Personal del Ayuntamiento de Santiago. González ha remarcado que la propuesta de éste estaba «condicionada a lo que dice el informe del secretario», que establecía una serie de «requisitos» para poder sufragar su defensa. Tales requisitos eran: que lo que se le imputa fuese en ejercicio de su cargo, que no debe de haber abuso de poder y que tiene que quedar absuelto. «No aprobaríamos nada si el informe jurídico pusiese alguna pega de que no fuese legal», ha remarcado.

Por su parte, el segundo de la lista, el edil de Obras Juan de la Fuente, ha manifestado que cuando se aprobó esa propuesta en Junta de Gobierno le preguntó al vicesecretario si contaba con un informe jurídico favorable y «se nos dijo que sí».

La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Santiago, Cecilia Sierra, ha asegurado este lunes que «conocía vagamente» las imputaciones que pesaban sobre el edil Adrián Varela por su implicación en la «Pokemon», pero que el acuerdo para el pago de su defensa establecía que debería «reembolsar» el dinero en caso de no ser declarado inocente.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, María Pardo, también ha remarcado que el acuerdo quedaba «condicionado» a que se diesen en el «futuro» los requisitos reflejados en el informe del secretario. Los mismos «no se daban porque no era el momento», ha indicado. Además, ha rivalizado con la fiscal sobre si los delitos que se le imputan a Varela son en ejercicio de sus funciones. Pardo ha asegurado que sí porque «que yo sepa, esos delitos no pueden ser cometidos por un particular».

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Santiago, María Castelao, que tuvo que abandonar la sala por un problema de salud, ha asegurado que «no dudó» en ningún momento de la legalidad del acuerdo adoptado para pagar la defensa al edil Adrián Varela. Castelao ha indicado que se aprobó el pago a la espera de que se cumpliesen los condicionantes, como «un futurible».

Francisco Javier Noya ha insistido, al igual que Pardo, en que los requisitos incluidos en el informe «no se tenían que dar en el momento» donde dieron luz verde al acuerdo, sino cuando «hubiese una sentencia absolutoria». También ha apuntado que el acuerdo no suponía un gasto y sí un «derecho». Al ser preguntado por la fiscal por su relación con Adrián Varela, el edil ha admitido que había «discrepancias» entre ellos.

Finalmente, el concejal de Seguridad Ciudadana de Santiago, Luis Bello, ha señalado este lunes que se está «sacando de contexto» el hecho de que el acuerdo para el pago de la defensa del edil Adrián Varela, se tratase como asunto «de urgencia» a pesar de que todavía no se conocían las causas de su imputación.

En el turno de los testigos, el secretario del Ayuntamiento constata que el gasto que supondría pagar la defensa de Varela «está sujeto a las condiciones que se ponen en el informe» que él mismo redactó, un documento que, para él, «forma parte del acuerdo».

Los siete ediles están imputados por autorizar el pago de la defensa de un concejal investigado en la «Operación Pokemon» , Adrián Varela. Después de que la Audiencia Provincial de La Coruña desestimase el recurso que presentaron, Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Castelao, Francisco Noya, Luis García Bello y María Pardo se sientan en el banquillo para dar cuenta de la decisión que adoptaron en junta de gobierno extraordinaria el 30 de mayo de 2013.

Se enfrentan a nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo público y al abandono de su partido. Y es que, si hay sentencia condenatoria, se aplicarán los estatutos y los ediles deberán abandonar el partido, tal y como confirmó el presidente de la Xunta.