El alcalde socialista de Dumbría «favoreció a su empresario de cabecera»

El principal motivo de las posibles irregularidades es una nave industrial construida en Regoelle, en la parroquia de Olveira de Dumbría, propiedad de la esposa de Carreira. «Para favorecer ilícitamente a una empresa fuertemente vinculada con el concello y el alcalde, se hizo constar falsamente por este que la nave se había construido antes del 1 de enero de 2003 para poder regularizarla», expone la denuncia.

El Ayuntamiento lo componen nueve concejales del PSdeG, uno del PP y un independiente. Según el único edil popular, Ramiro Iglesias, la edificación se realizó con posterioridad a 2003 y para demostrar su afirmación aporta varias fotografías aéreas certificadas por el Sistema de Información Territorial de Galicia (SITGA) correspondientes a 1995, 2000, 2004 y 2005. La fecha de ejecución es clave en el asunto, puesto que de ella se desprenden las posibles responsabilidades penales.

Las dos primeras imágenes evidencian «que sobre el terreno no hay absolutamente nada. En la de 2004 se ve cómo se han iniciado las labores de explanación, pero sin que exista ninguna construcción todavía. En la de 2005 está la nave en avanzado estado de construcción», se señala en el texto presentado ante el Juzgado de Corcubión.

Denuncia al regidor, al gerente del Catastro coruñés y a un empresario del municipio Esta nave —como otras muchas que proliferaron en la década pasada en la zona— era ilegal al estar construida sobre suelo rústico de especial protección agropecuaria. Pero una disposición modificó en 2010 la ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia para permitir su regularización. Entre los requisitos que debían cumplir las dependencias para arreglar su estado se encontraba que hubieran sido construidas antes de 2003. Amparándose en ello, el alcalde dumbriés regló la situación de la nave del empresario —que se utiliza como almacén de materiales de obras— a través de un decreto en junio de 2011. Iglesias le acusa de haber falseado la fecha y argumenta que las fotografías —a las que suma planos aéreos de Google Earth— prueban esta «mentira». Sin embargo, en la ficha de la parcela en el Catastro figuraba que era de 1996. Por este motivo, cuando el edil popular denunció los hechos en 2012, el juez concluyó con el sobreseimiento provisional.

El edil popular aporta fotos que demuestran que la nave no estaba construida en el año 2004 El pasado junio, el concejal —que desde su llegada al consistorio mantiene una intensa disputa con Pequeño por su negativa a facilitarle expedientes y a responder a sus preguntas «haciendo uso de diversas artimañas y añagazas» — solicitó al Catastro la modificación del año de construcción. Y así han procedido este mes. La nueva fecha es 2002. Esta variación, en opinión del querellante, se produce «sin duda alguna a instancias del concello y con la finalidad de no dejar en evidencia la fecha declarada en su día y la regularización a pesar de las evidencias aportadas». Según denuncia, esto demuestra la «connivencia de los funcionarios del Catastro con el alcalde o la empresa».

Al margen de la presunta falsedad, el popular apunta que «resulta imposible que al alcalde le pase desapercibida la construcción». Primero por el tamaño del pueblo; segundo «porque se trata precisamente de la nave del principal adjudicatario de obra pública del concello»; y tercero porque Iglesias le informó de ello en varias ocasiones. El cambio se hizo de forma «consciente e intencionada para evitar tomar medidas de reposición en la legalidad contra una nave sin licencia».

La querella va principalmente contra Pequeño, pero también contra el gerente territorial del Catastro de La Coruña y otros funcionarios —a los que se deberá identificar si prospera— y el empresario. Sobre la presunta falsedad documental, se indica que este organismo territorial lo habría cometido «con plena conciencia quizá inducido por los informes municipales o por las presiones de la empresa».

El posible delito contra la ordenación del territorio derivaría de «regularizar la nave a pesar de no concurrir los requisitos». Contra ella, «en 2011 cabía la adopción de medidas de reposición de la legalidad urbanística. No solo se omitieron las necesarias inspecciones pese al rosario de denuncias, sino que se regularizó expresamente».

Por último, la presunta prevaricación se justificaría «al haberse dictado una resolución arbitraria y a sabiendas de su injusticia», puesto que «lo que procedía era decretar la paralización de la nave» e informar de ello.