El Catastro reconoce que hay pruebas contra el alcalde socialista más votado

El PP denunció el pasado diciembre a José Manuel Pequeño por legalizar una nave de su empresario de referencia que, conforme a las pruebas que aporta, era irregular, algo que —sostiene— el alcalde conocía. Lo hizo mediante un decreto en 2011 amparado en una ficha catastral supuestamente errónea «a sabiendas». En el expediente remitido a los juzgados de Corcubión, la Gerencia Regional del Catastro indica que «dispone de información que muestra que las obras de edificación se iniciaron con posterioridad, al menos, al año 2002». La fecha de construcción de la nave, propiedad del adjudicatario de la mayoría de la obra pública de Dumbría en los últimos años, es clave para dilucidar la comisión de posibles delitos por Pequeño, que es también miembro de la Ejecutiva autonómica de José Ramón Gómez Besteiro. Si la nave se terminó antes del 1 de enero de 2003, su regularización sería legal. Si fue después, tal y como argumenta el PP a través de fotografías aéreas en las que no había comenzado a levantarse hasta 2004, el alcalde dumbriés habría delinquido.

A pesar de que el Catastro asegura contar con datos que demuestran que en 2002 la nave no existía, hasta el pasado año en la ficha catastral figuraba que era de 1996. Ahora se ha sabido que fue el empresario —cuya mujer consta como propietaria de la polémica nave— quien así lo comunicó mediante «declaración jurada firmada». Tras una reclamación del portavoz del PP en el concello, Ramiro Iglesias, esa data se modificó recientemente. La resultante es el 31 de diciembre de 2002, jornada límite para poder acogerse a una disposición que en 2010 modificó la ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia para permitir la regularización de naves como esta sobre suelo rústico de especial protección agropecuaria. La corrección la efectuó una funcionaria del Catastro, cuya imputación ahora se pide, «en contra de todas las pruebas y evidencias» apoyada «exclusivamente en la afirmación del alcalde», que a su vez dijo basarse en la ficha que validaba 1996.

Para probar cuándo se acaba una nueva construcción se pueden aportar, por orden de relevancia, certificado final de la obra, escritura, certificado o informe del técnico municipal, certificado o informe del técnico cualificado. La esposa del empresario facilitó la tercera de ellas y la funcionaria le dio «prevalencia» sobre las instantáneas que Iglesias aportó, a las que no da «completa veracidad» pese a haber sido realizadas por el Sistema de Información Territorial de Galicia dependiente de la Xunta. Pero a continuación, ella justifica en su escrito que «consultadas las ortofotografías aéreas disponibles en este Catastro, si bien es cierto que en la imagen proporcionada por el Sigpac (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas), obtenida en el año 2002 sin que se conozca la fecha en la que fue tomada [lo habitual es realizarlas en verano], no se observa la existencia de ninguna construcción en la parcela, no puede afirmarse que a 31 de diciembre de 2002 la construcción no hubiese sido finalizada». En ningún caso se aportan otras fotografías o documentos que prueben esta versión, sino que todo se fía al decreto de la Alcaldía.

El letrado de la acusación ya ha presentado sus alegaciones ante el magistrado Iván Barallobre a lo largo de siete folios. En primer lugar, señala que la documentación del Catastro «no remite los antecedentes para determinar por qué razón y en función de qué pruebas se hizo constar inicialmente 1996».

A mayores, apunta que se «acredita la veracidad de las cuestiones expuestas en la querella: que la fecha de construcción de la nave no solo es falsa, sino que se consignó con pleno conocimiento y consciencia de su falsedad tanto por el personal del Concello como del Catastro». Es aquí donde arremete contra la funcionaria ya que «no solo hace caso omiso de las fotografías aéreas, sino que ni siquiera las coteja con las que obran en poder del Catastro».

Para el denunciante, «el razonamiento de esta es inconcebible» con el objetivo de «sostener a toda costa que la finalización fue anterior al 01.01.03». El error de ella y del regidor «no es involuntario ni excusable». De él, afirma que «conocía perfectamente la fecha en que se construyó» por varias razones: «lleva muchísimos años de alcalde, ejerce directamente las competencias de urbanismo y es una nave de gran tamaño en un lugar muy visible». Recuerda, además, un conflicto vecinal a finales de 2004 en Regoelle, lugar de la nave, en el que el alcalde «demostraba tener un conocimiento muy exhaustivo de la zona». Por ello, «cuando dictó la resolución [de legalización] y por mucho que en la ficha catastral figurase como fecha de construcción 1996, el alcalde era plenamente consciente de que a 01.01.03 la nave no estaba ni iniciada».

El querellante advierte, además, que Pequeño no solo dictó ese controvertido decreto, sino que «al contestar al requerimiento del Catastro en el Expediente de Rectificación de Errores, que le había solicitado el certificado municipal que acreditase la fecha de terminación de la nave, remite un oficio de fecha 4 de noviembre de 2013 en el que vuelve a insistir en que se acredita "la existencia de la edificación con anterioridad al 1 de enero de 2003 "». Eso tiene «suma importancia» puesto que «asume de forma personal y directa la fecha».

La conclusión del PP es que «la documentación remitida por el Catastro muestra la connivencia entre el alcalde, el titular de la nave y la funcionaria encargada del expediente». Dado que en una anterior ocasión la denuncia fue sobreseída al dar el magistrado por buena la referencia de 1996, ha reunido aún más pruebas: «Por si alguna duda pudiese quedar se aporta ahora la fotografía aérea del año 2003 obrante en los archivos del Fondo Gallego de Garantía Agraria (Fogga) de la Xunta, en la que se ve que en ese año aún no se había iniciado construcción alguna». En sus alegaciones, remarca por último que el Tribunal Supremo «ha señalado de forma reiterada que las fotografías aéreas oficiales constituyen un medio de prueba perfectamente válido y que gozan de presunción de veracidad».