El juez acusa a Adif de «regateo de seguridad» por «motivos comerciales o productivos» en el accidente del Alvia

En un auto de 14 páginas, el instructor recuerda que fueron los responsables de Adif los que tomaron la «decisión trascendental» de «modificar el proyecto original» de la línea Orense-Santiago en cuanto al ancho de vía, lo que «afectó» a las instalaciones de seguridad, «pasando de la configuración inicial de la explotación» con sistema ERTMS en toda la línea a mantener este sistema hasta « cuatro kilómetros antes del lugar del accidente», donde pasó a explotarse solo con sistema ASFA.

Para el magistrado, esta decisión de los responsables de Adif, de «convertir una indiscutible línea de alta velocidad en una línea asimilada» se consideró «desde los momentos iniciales de la investigación sospechosa de una imprudencia punible», dado que «conllevó un previsible incremento del riesgo en la circulación que no se considera adecuado socialmente».

De hecho, el juez cree que esta modificación «parece haber supuesto para la sociedad tan solo un beneficio menor», que «no ampara aquel incremento del riesgo». «La única utilidad que obtuvo la sociedad con aquella decisión ha sido el ahorro de unos minutos de viaje entre Orense y Santiago, como contrapartida a un importante aumento de riesgo para al vida de los cientos o miles de personas que utilizan la línea cada día».

La libertad de actuación de los responsables de Adif «tiene como elemento delimitador la seguridad de los usuarios del ferrocarril», y la transformación de esta línea sin la adición de «medidas de seguridad» a mayores, es «sospechosa de criminalidad».

Según recoge en el auto, el «regateo de seguridad» de esta decisión se produjo por «motivos comerciales o productivos», derivados tanto de una «insignificante rebaja de los costes de obra y mantenimiento» como de la reducción de «minutos» en el trayecto con el objetivo de aumentar el «atractivo comercial» de la línea y lograr la «seducción o captación de usuarios».

En el auto, el juez cita a declarar como testigos en la causa al jefe de Maquinistas que en 2011 remitió un informe señalando la peligrosidad de la línea , así como a dos de los cargos que recibieron un correo electrónico con la información. Los tres deberán comparecer en Santiago el próximo 7 de marzo.